SOCIEDAD ANÓNIMA || Ida Izozorbe
La Constitución mexicana dice que el Estado debe proteger a los animales, garantizar su trato adecuado, su conservación y su cuidado. Pero después de dos años, esto solo parece una promesa difícil de realizar.
En diciembre de 2024 se publicó la reforma que le dio al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de protección y cuidado animal, también le puso fecha: 180 días naturales para expedir la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. El plazo, obviamente, ya se venció.
En julio, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado presentó un proyecto de dictamen para expedir esa ley. Habla de seis títulos y 111 artículos. Propone reconocer jurídicamente a los animales como seres sintientes y establecer medidas contra el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y algunas mutilaciones estéticas. Un paso importante… pero sigue estando en papel.
Al día de hoy, 8 de septiembre de 2026 no existe todavía una nueva Ley General publicada en el Diario Oficial de la Federación. Lo que hay son nuevas iniciativas sobre el mismo tema. Una de ellas busca armonizar lo que ya existe, fijar criterios mínimos obligatorios para todo el país y endurecer la regulación de la crianza, la venta, los albergues y los refugios. Es decir: no hay todavía un acuerdo sobre cómo debería funcionar el nuevo sistema nacional de protección animal.
Y mientras tanto, el tamaño del problema sigue creciendo. Según la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 del INEGI, 69.8 por ciento de los hogares mexicanos tenía alguna mascota, con cerca de 80 millones de animales de compañía en total: 43.8 millones de perros y 16.2 millones de gatos. Son datos de 2021, no un dato actual, pero da una idea clara de qué tan metidos están los animales en la vida cotidiana de las familias mexicanas.
El proyecto de dictamen plantea un marco nacional, delega responsabilidades entre Federación, estados y municipios, y les pone obligaciones a quienes tienen animales a su cargo: alimento, agua, un lugar adecuado para vivir, atención veterinaria, protección contra el abandono. Todo esto suena bien y bonito para un artículo de ley. La pregunta es quién lo va a vigilar en la práctica.
Porque una cosa es ordenar que un animal reciba atención veterinaria y otra muy distinta es decidir qué autoridad atiende una denuncia, quién paga las inspecciones, qué pasa con los animales que se aseguran mientras dura un proceso legal, y quién se hace cargo de su alimentación y tratamiento médico mientras tanto. Falta resolver también qué va a pasar con los perros y gatos que viven en la calle, con los refugios que sobreviven de donaciones, y con los municipios que hoy no tienen ni personal ni presupuesto para atender esto.
En julio, durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Sheinbaum, se reconoció que varias organizaciones defensoras de animales sentían que el proyecto de dictamen había dejado fuera algunas de sus propuestas. Sheinbaum dijo que ese proyecto analiza 18 iniciativas presentadas por 52 legisladores, más otras 40 que llegaron desde la Cámara de Diputados. Es decir, son muchos tratando de acomodar los pedazos de una misma pieza, y en legislación esto no resulta tan positivo porque se puede onvertir en una pelea de bandos.
Sería fácil para el Congreso anunciar una legislación “histórica” (la palabra favorita de los comunicados), llenar los discursos de la palabra “bienestar animal” y anunciar que ya se cumplió con el trámite. Pero lo que realmente importa es que todo esto funcione cuando alguien denuncie un abandono, cuando un refugio pida ayuda, cuando aparezca un caso de crueldad, o cuando municipio tenga que hacerse cargo de una población de animales en situación de calle que cada día crece más.
En nuestro país no se necesitan leyes duras, se necesitan leyes que puedan cumplirse, con buena coordinación entre los tres niveles de gobierno. Se necesitan mecanismo de denuncia y atención que realmente funcionen, inspecciones, presupuesto, difusión, educación, campañas de esterilización y de concientización para atacar el abandono y el maltrato desde su origen, no cuando el animalito ya está en las calles.
Todos quienes amamos a los animales, tengamos o no una mascota en casa, defensores, veterinarios, organizaciones civiles, autoridades sanitarias, deberíamos poder opinar sobre una ley que va a tocar realidades muy distintas entre sí.
Lo que hace falta es que los legisladores dejen de medir su éxito por haber aprobado un documento, y empiecen a medirlo por los resultados. Porque una ley de protección animal sin autoridades capaces de aplicarla, sin presupuesto para ejecutarla y sin mecanismos que la hagan cumplir, va a ser solo eso: un texto más guardado en un cajón.
Y los animales, a diferencia de los discursos, no tienen forma de esperar a que la burocracia termine de ponerse de acuerdo.
Ida Izozorbe es periodista digital y editora, con formación en sociología de la cultura e investigación social.