Diana García
CHETUMAL, Quintana Roo, 14 de enero. — El Congreso de Quintana Roo, aprobó con 17 votos a favor y tres en contra la nueva Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio en el estado. Se trata de un paquete de reformas sustanciales a la ley vigente y creada desde 1978, a propuesta de la Gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa.
El decreto regula el procedimiento y ejecución de las expropiaciones, ocupaciones temporales y limitaciones de dominio, y amplia las causas de utilidad pública en 25 puntos establecidos en el artículo 11 de la ley entre los que destacan:
“lll.- La planeación, estudio, proyección, ejecución, rehabilitación, mantenimiento y aplicación de las obras y servicios necesarios para la operación y administración de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado dentro del Estado.
V. La adquisición y la utilización o aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada, cuando se requieran para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable, drenaje y alcantarillado establecido o por establecer.
V. La prevención y el control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro del Estado de Quintana Roo, y que no sean de jurisdicción federal.
Vi. La adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección”, entre otros.
En la fracción XI, “la preservación, embellecimiento o saneamiento de los lugares con vista panorámica”.
Y en la XXV- “Proyectos de inversión pública o privada que incidan de manera directa en el bienestar de los intereses colectivos”.
De acuerdo con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la Décimo Octava Legislatura, Jorge Arturo Sanen Cervantes, el objetivo es garantizar la protección del derecho de audiencia a las personas afectadas.
“La ley anterior que estaba vigente desde 1978, hoy se busca que los bienes tengan la utilidad para la que fueron expropiados, y en caso de que no sea así, las personas afectadas puedan revertirlo”, subrayó.
Durante la sesión, el diputado representante de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech expuso que el decreto se contrapone con el articulo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunque en México, las expropiaciones se realizan a través de un Decreto sin posibilidad de revertir.
“Lamentablemente es la Consejería Jurídica quién recibe toda la información necesaria para acreditar la idoneidad de un bien en utilidad pública, lo que convierte un proceso que debiera ser jurisdiccional en administrativo. Y se contrapone con el articulo 14, donde señala que nadie puede ser privado de sus vienes mediante un juicio justo en tribunales previamente establecidos”, señaló.
Con este marco jurídico se establecen los requisitos mediante las cuales se permite a la autoridad expropiar, así como los procesos para que las personas afectadas sean notificadas por la Consejería Jurídica del Gobierno del estado.
Define los criterios para emitir los avalúos, montos de indemnización, el proceso y los mecanismos de inconformidad por los avalúos, las personas afectadas tendrán la oportunidad impugnar las acciones administrativas, a través del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de la entidad en un periodo de 10 hábiles después de la publicación del Decreto en el Periódico Oficial del Estado (POE). Aunque cualquier medio de defensa no suspende los efectos del Decreto.
El Partido Acción Nacional (PAN), votó en contra con sus diputados. Pero, ninguno de sus dos diputados hizo uso de la voz, mientras el único representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), avaló el documento de la Gobernadora, el cual finalmente fue aprobado con 17 votos a favor y tres en contra.
PEFILAN ELIMINACION DEL ORGANO DE TRANSPARENCIA
En otro documento, la Gobernadora del estado, plantea a los diputados la desaparición del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), para que sus funciones sean integradas a los Órganos Internos de Control de los distintos organismos y poderes de la entidad, pero este continua en comisiones.