Opinión Saber Político
Aunque ya pasó más de medio año de la consulta popular para revocar la concesión de agua potable a la empresa Aguakán, en la que ciudadanos de Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún) y Puerto Morelos dejaron claro que no están conformes con el servicio, y el ejercicio fue “vinculante”, avalado por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) en las pasadas elecciones.
Las presidentas municipales: la ex panista Atenea Gómez Ricalde en Isla Mujeres, Ana Paty Peralta De la Peña en Benito Juárez y Blanca Merari Dziu de Puerto Morelos, ambas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), han ignorado los resultados, como decimos los mexicanos, “se hacen de la vista gorda, o que las virgen les habla”.
Porque, en ninguno de los tres casos, las alcaldesas se han pronunciado formalmente para dar continuidad al proceso de vinculación que se supone es el mecanismo legal para retirar la concesión.
La consulta popular tuvo un costo aproximado a los 10 millones de pesos, fue impulsada por la Senadora de Morena, Marybel Villegas Canché (“eterna” aspirante a la presidencia municipal de Benito Juárez), y fue realizada de manera simultánea en la elección del 5 de junio, donde resultaron electos la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa con Morena, y 25 diputados locales, 21 de ellos abanderados por la alianza “Morena, PVEM, PT y Fuerza por México”.
Es decir, la consulta fue impulsada por Morena y aliados. Pero, ninguna de sus alcaldesas ha dado señales de continuar el proceso.
Mientras, la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, aseguró que el Poder Ejecutivo, “está a la espera de un resolutivo del Tribunal de Contencioso Administrativo. Pero, sobre los recursos ingresados en administraciones pasadas por los Ayuntamientos y citó como ejemplo el caso de Solidaridad, donde se iniciaron procesos en contra de Aguakán, por “la insatisfacción en el servicio, o la falta de prestación adecuada en los términos establecidos en su contrato de concesión”, esto en la administración municipal 2016-2018.
Pero de hacer efectiva la voz del pueblo plasmada en la Consulta Popular, nadie habla.
LAVADO DE MANOS
Los diputados de la Décimo Séptima Legislatura, aseguran que ya no es un asunto que tenga que ver con el Legislativo, mientras las alcaldesas se quedan calladitas, el Ieqroo afirma que solo cumplió con la realización del ejercicio apegado a sus facultades y a la ley de Participación Ciudadana.
Lo cierto es que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Quintana Roo 2023, no se contempló ninguna partida especial para desarrollar obras que pudieran remplazar la infraestructura de Aguakán en los tres municipios, y mucho menos los miles de millones que se tendrán que dar a la empresa en caso de rescindir la concesión, y que el gobierno del Estado tendría que pagar para indemnizarlos.
En los hechos no hay señales de que Atenea Gómez Ricalde, Ana Paty Peralta y Blanca Merari quieran dar continuidad al proceso vinculatorio.
Quizás a medida que avance el proceso electoral de 2024 retomen el tema, para no perder la tradición y tener la misma bandera política para buscar su reelección.
¿Quién se atreve a dar la primer patada al avispero?…..