Chetumal, Quintana Roo, 13 de febrero de 2024. – Como es del dominio público el día de hoy fue detenido el expresidente municipal del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel, con un operativo aparatoso y un gran despliegue policiaco.
La dirigencia Estatal del PRI en Quintana Roo expresa su más enérgica condena a que la ley sea utilizada selectivamente, con fines políticos y en la víspera de un proceso electoral. Al margen de nuestras diferencias locales, el PRD es nuestro aliado en la alianza nacional y por tanto repudiamos el ataque electorero del que hoy son objeto.
El gobierno de la entidad tiene que garantizar un clima de paz, armonía y tranquilidad en Quintana Roo y más en municipios como el de Felipe Carrillo Puerto, que en las últimas semanas ha sido asolado por una serie de actos delictivos sin que las autoridades desplieguen operativos como el implementado el día de hoy y que además también ha prestado oídos sordos frente a las denuncias que diversos ciudadanos y el propio José Esquivel han presentado en contra de la administración municipal de Mary Hernández
Expresamos nuestra preocupación por la grave inseguridad que se registra en todo el Estado, por el ominoso mensaje que lleva la detención de un actor político en estos momentos y exigimos del gobierno que actué en beneficio de los ciudadanos y no con propósitos electorales.
Debe de terminar el clima de inseguridad para las familias de Quintana Roo.
Es importante aclarar que el PRI es un partido que cree en las instituciones de impartición de justicia del país y que en razón de esto esperamos la resolución de las autoridades responsables, pero con la exigencia que se hagan las investigaciones correspondientes apegadas a la Ley y con respeto irrestricto a los derechos humanos y políticos de los involucrados.
Por el momento no podemos hacer ninguna afirmación respecto al proceso que se le sigue a José Esquivel o los delitos que se le imputan y que se han hecho públicos y que además al hacerlo violentan el debido proceso ya que es un tema que incumbe única y exclusivamente a las instituciones de procuración de justicia del Estado.
