CHETUMAL, Quintana Roo, 04 de enero. – La Consulta Popular contra Aguakán, no contemplo los recursos administrativos que Ayuntamientos ingresaron en administraciones pasadas para remover la concesión de agua potable sin pagar una indemnización, aclaró la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez.
La funcionaria reiteró que el Gobierno de Quintana Roo, está a la espera de un resolutivo del Tribunal de Contencioso Administrativo. Pero, sobre los recursos ingresados en administraciones pasadas por los Ayuntamientos y citó como el caso de Solidaridad, donde se iniciaron procesos en contra de Aguakán, por “la insatisfacción en el servicio o la falta de prestación adecuada en los términos establecidos en el contrato de concesión en la administración 2016-2018”.
Afirmó que sus expresiones “no se referían a recursos ingresados por las actuales administraciones en los Ayuntamientos de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos después del ejercicio”.
“El tema es que se hizo una consulta popular sin contemplar los recursos que ya estaban ingresados, para remover la concesión sin pagar una indemnización. En particular, el caso de Solidaridad, donde el recurso sigue vigente, sin embargo, en ese municipio, la consulta popular no fue vinculante, porque no alcanzo el porcentaje necesario de participación ciudadana”.
Explicó que después de la consulta popular impulsada por la senadora de Morena, Marybel Villegas Canché, y realizada por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), los recursos ingresados por administraciones pasadas siguen vigentes el Tribunal de Contencioso Administrativo.
Por lo que el gobierno de Quintana Roo, está listo para dar seguimiento al resolutivo de dicho tribunal, o a los efectos de los resultados de la Consulta Popular donde más del 60 por ciento de la población de Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún), y Puerto Morelos se pronunció en contra de la concesionaria por brindar un “mal servicio”.
“Sin embargo, nosotros estamos listos, para dar cumplimentar a cualquiera de los casos: Uno, por si se detienen los efectos de la consulta por orden del Tribunal; o se implementan los procedimientos de la consulta paulatinamente, a través de la reversión en los Ayuntamientos donde resultó el cese de la operación a Aguakán”, insistió.