(DMG) CHETUMAL, Quintana Roo, 15 de marzo. — Mientras existe un vacío legal para ejecutar los resultados de la Consulta Popular contra Aguakán, y los Ayuntamientos de Benito Juárez, Isla Mujeres, y Puerto Morelos, no emprendan acciones jurídicas, el Poder Legislativo, tendrá que realizar una reforma, para definir el proceso de la vinculación de la consulta ciudadana, informó el diputado Humberto Aldana Navarro.
En entrevista, el Coordinador de Morena, aseguró que no existe un proceso definido en la Ley de Consulta y Participación Ciudadana, para ejecutar los resultados de la consulta popular, por lo que se debe legislar en la materia y así hacer valer la voluntad de los ciudadanos, aunque reiteró “el proceso debe iniciar por los municipios involucrados”.
“Tendrían que ser los municipios los que pidan, pero necesitamos definir un procedimiento, y entonces aprobar. Para que sea válida la voluntad popular. No podemos estar tirándonos la bolita, necesitamos definir un proceso para ejecutar la consulta”, aseguró.
Y subrayó, “Nosotros tenemos que esperar un diagnóstico de CAPA, y tenemos que ser muy cuidadosos en revocar la concesión, si no caemos en la necesidad de pagar una indemnización, superior a los más de mil millones de pesos. Son dos procesos distintos, y además si Aguakán no está cumpliendo con la concesión, tiene un término para subsanar”.
El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Quintana Roo, afirmó que la Décimo Séptima Legislatura está a la espera las acciones que los municipios involucrados emprendan, en base al diagnóstico de cumplimiento de servicio, que deberá realizar la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) para realizar los procesos legislativos que permitan el acatamiento de la voluntad de los ciudadanos.
Han pasado nueve meses desde que el 6 de junio, habitantes de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos en la Consulta Popular, organizada por el Instituto Electoral de Quintana Roo, rechazaron continuar con la posición del suministro de agua potable que presta Aguakán.
La consulta fue promovida por la senadora de Morena y aspirante a la presidencia municipal de Benito Juárez, Marybel Villegas Canché, el ejercicio tuvo un costo superior a los 10 millones de pesos.
Pero, desde los resultados, las presidentas municipales en dichos municipios, Ana Paty Peralta De la Peña, en Cancún; Atenea Gómez Ricalde en Isla Mujeres, y Blanca Merari en Puerto Morelos, no han formalizado acciones jurídicas para remover la concesión.
Finalmente, el diputado reiteró que los procesos están en manos de los municipios, sin embargo, reiteró que ante el vacío legal para acatar la consulta, los diputados del Congreso de Quintana Roo tendrán que realizar los trabajos legislativos en la materia para subsanar las lagunas legales.
Mientras eso ocurre a 9 meses del ejercicio, congelados y sin señales de avanzar, están los resultados de la consulta popular contra Aguakan.
