Diana García
CHETUMAL, Quintana Roo, 21 de mayo.– El diputado Julián Ricalde Magaña analiza la posibilidad de que la Comisión Especial para atender los resultados de la Consulta Popular contra Aguakán, sea disuelta, porque no se han generado los mecanismos legales necesarios para cumplir con la voluntad ciudadana a pesar de la responsabilidad administrativa que tienen los tres poderes del estado, en relación a la concesión.
El diputado dijo que es posible que la comisión ya llegó a su fin, porque ha hecho esclarecido as rutas jurídicas, y la responsabilidad administrativa de los tres órdenes de Gobierno, para cumplir con la voluntad ciudadana, dijo que no se trata de administrar el conflicto, si no generar unir fuerza y recursos para remover la concesión.
“Yo pedí que la comisión se hiciera, uno de mis temores era que se administrará el conflicto en vez de que estemos trabajando todos en pro, tenemos responsabilidad administrativa: el Gobierno del Estado, el Congreso, y los municipios”, indicó.
Y subrayó, “La comisión ya hizo lo que tenía que hacer: 1 ponerlo en la agenda política, 2 establecer las rutas, 3 de quién era la responsabilidad, ya estableció también. ¿Qué es lo que hay que hacer?, lo que está haciendo Isla Mujeres, empezar a plantear rutas jurídicas”.
Destacó que la Gobernadora Mara Lezama tiene voluntad para cumplir el mandato ciudadano, sin que la empresa concesionaria se “salga con la suya” es referencia a la indemnización que el gobierno del estado tendría que pagar por rescindir el contrato de Aguakán sin justificación legal.
Por último Julián Ricalde afirmó que los municipios de Benito Juárez, y Puerto Morelos deben plantear rutas jurídicas como lo ha hecho Isla Mujeres, y dejar el discurso, porque los ciudadanos ya saben que Aguakán no se puede ir sangrando el estado, y que el estado a través de CAPA puede operar el suministro de agua.
