(D.G.) CHETUMAL, Quintana Roo, 07 de noviembre. – Con señalamientos de inconstitucionalidad, a partir de 2024, el Instituto de Movilidad encabezado por Rodrigo Alcázar Urrutia emitirá y cobrará todas las licencias de conducir en el estado, luego de que diputados de la Décimo Séptima Legislatura, aprobaran una reforma más a la Ley de Movilidad que resta facultades a los 11 municipios, para entregarlas al Gobierno de Quintana Roo.
Con tres votos en contra de los diputados: Julián Ricalde Magaña, Cinthya Millán Estrella del PAN, y Candy Ayuso Achach, la alianza Morena, PVEM y PT, arrasaron con la reforma impulsada por el morenista, José María Chacón.
Mientras el argumento de los promoventes es la seguridad, Julián Ricalde expuso que la reforma afecta las finanzas municipales y de los ciudadanos, pues el cobro de las licencias será recaudado por el Imoveqroo, y tendrá un incremento adicional de $290 pesos por cada plástico.
En caso de que los Ayuntamientos suscriban un convenio, el Imoveqroo les «regresará» el cobro de las licencias, cada 20 del mes, menos los 295 pesos.
«Si bien coincido en los temas de seguridad, ¿Qué va a pasar con esto? ¿Quién va a pagar la diferencia? Ni si quiera el ayuntamiento en uso de sus facultades en el 115 Constitucional, podrá definir las tarifas, hay lugares donde todas las vialidades son municipales. Hay un impacto a las finanzas, el Ayuntamiento tendrá que poner el personal, y oficinas, Imoveqroo solo los va a «supervisar». Los que vayan a votar a favor tendrán que ser responsables de que le están quitando dinero a los municipios. Yo voy a votar en contra», advirtió.
Mientras la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Cinthya Millán calificó como algo detestable, que los presidentes municipales tengan voz, y no voto en la junta que definirá las tarifas.
«No es admisible, porque la ley General si establece la obligación de generar tarifas, una cosa es tarifas, y otra es el cobro, si ustedes revisan totalmente la Ley general de Movilidad, no existe la atribución conferida al estado por cobro. Hacer este cargo si representa una afectación a los municipios», explicó.
Y añadió, «pero además que el discurso diga que son parte de la junta, y solo tengan voz y no voto, es algo detestable, porque finalmente son ellos los que se ven afectados».
La diputada del PRI, Candy Ayuso puntualizó que la reforma viola el artículo 115 Constitucional, los municipios ya tienen su planeación, que no puede estar por convenio, las licencias puede ser el principio de un golpe muy grave a los municipios, y el Instituto de Movilidad debe ser normativo, más no recaudatorio».
Sin embargo, los pronunciamientos en contra no fueron suficientes para frenar la reforma, a solo una semana de que Ayuntamientos, órganos autónomos y entes gubernamentales en general presentan al Congreso el paquete presupuestal 2024.
Diputados de Morena, PVEM, y PT señalaron que las posturas de la oposición se debían a un error de interpretación.
Al respecto, el diputado Hugo Alday Nieto refirió que «cualquier Ayuntamiento estará en la facultad que tenga para iniciar los juicios de control constitucional que decida. Sin embargo, en este momento estamos aprobando reglas de operación y las tarifas».
Finalmente, la reforma fue aprobada con 18 votos a favor, y ya se verá cuál de los 11 municipios toma la palabra.
En pleno arranque de proceso electoral, ¿Para qué aprobar reformas, que provocarán controversias constitucionales?.
