CHETUMAL, Quintana Roo, 08 de marzo. – Para prevenir, atender, y combatir actos de acoso y hostigamiento laboral en el Poder Judicial de Quintana Roo, entregó en vigor un nuevo protocolo para garantizar el desarrollo profesional de su personal en ambientes igualitarios, respetuosos, libres de violencia, garantes de sus derechos y libertades, así lo informó el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas.
El Magistrado Presidente explicó que, para los mecanismos normativos e institucionales para la protección de las mujeres, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, de manera conjunta y en acatamiento a la obligación constitucional de promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos; emitieron el “Protocolo para la Prevención, Atención y Combate a casos de Acoso y Hostigamiento Sexual y/o Laboral en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo”.
Cebada Rivas, señaló que las instituciones a cargo de la impartición de justicia deben avanzar en la consolidación de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en la comunidad como al interior.
Por ello, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las Magistradas, Magistrados, consejeras y consejeros, reafirman su compromiso institucional y unifican sus esfuerzos para establecer un marco normativo que garantice la prevención, atención y combate a los casos de acoso, hostigamiento sexual y/o laboral, como parte de la lucha contra este flagelo social, para reivindicar la dignidad de todas las personas.
Con el firme objetivo de que, quienes prestan sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, tengan la certeza de desarrollarse profesionalmente en ambientes igualitarios, respetuosos, y libres de violencia.
El protocolo en el Periódico Oficial del Estado, en un seguimiento puntual al Acuerdo General Conjunto 2/2023, el Magistrado Presidente destacó que, con la emisión del Protocolo, se reforzarán las acciones para la concientización y sensibilización de las y los servidores públicos, para que tengan la certeza de que tendrán un desarrollo profesional libre de violencia y garante de sus derechos