CHETUMAL, Quintana Roo, 26 de diciembre.- La Bolsa Mexicana de Valores, se pronunció en contra del Decreto 195 promulgado por el Gobierno de Quintana Roo, luego de que diputados de Decimo Séptima Legislatura abrogaran el Decreto 250 que ampliaba la concesión del servicio de agua potable en Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad a la empresa Aguakán hasta el 31 de diciembre de 2053.
A través de un comunicado indicó que CIBanco, S.A., Institución De Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario del fideicomiso irrevocable F/1491, emisora de los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo identificados con clave de pizarra “GBMICK 12” (“CKDs”), a través de su sociedad promovida GBM Hidráulica, S.A. de C.V., es titular del 49.9% del capital social de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) por lo que solicitará a la empresa impugne el Decreto 195 y promueva los medios de defensa que considere oportunos y convenientes en contra del mismo.
Destacó que GBM Infraestructura, S.A. de C.V. administrador de los CKDs, considera que el Decreto 195 es ilegal, y que GBM Infraestructura.
“El Decreto 195 desconoce absolutamente la naturaleza y normatividad rectora del Título de Concesión e invade esferas y atribuciones de los Municipios soberanos concedentes de la Concesión, así como del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, lo que representa una clara transgresión al orden constitucional y legal aplicable, así como de los derechos fundamentales de DHC”, señala el documento.
Por lo que aseguró que “El Decreto 250” que se pretendió abrogar por la Legislatura del Estado de Quintana Roo entró en vigor desde el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, surtiendo plenamente sus efectos y alcances desde la firma y modificación del Título de Concesión el 18 de diciembre de 2014, es decir, desde hace más de nueve años.
Dijo que, “el Poder Legislativo de Quintana Roo no puede atribuirse facultades que no le han sido conferidas, ni tiene la prerrogativa de desconocer los compromisos asumidos por los citados Municipios y por el Poder Ejecutivo del Estado al modificar el Título de Concesión el 18 de diciembre de 2014.
Añadió que más de 22 millones de trabajadores participan indirectamente como accionistas de DHC, a través de las Afores titulares de CKDs. Por lo que confían en que “prevalecerá el estado de derecho y que el Poder Ejecutivo del Estado, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y los Municipios concedentes de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, actuarán en estricto cumplimento de las normas aplicables y siempre en cumplimiento de resoluciones judiciales firmes”.