CIUDAD DE MEXICO, 28 de Junio. – Esta semana, el Gobierno mexicano discute un paquete de más de 20 leyes durante el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. Las reformas clave incluyen la recién aprobada ley de la Guardia Nacional y, la ley de investigación e inteligencia, con las cuales el Ejército tendrá acceso a las bases de datos personales y los biométricos de la población sin necesidad de una orden judicial.
Especialistas en ciberseguridad y derechos digitales han advertido de que, en conjunto, estas leyes podrían consolidar una infraestructura de vigilancia masiva sin precedentes en México. Otras discusiones en el Congreso mexicano incluyen la Ley General De Población y la Ley General en materia de Desaparición.
Un “rompecabezas de vigilancia”, señalan expertos
El director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), José Flores, ha explicado que estas iniciativas “forman un rompecabezas” porque juntas generan un sistema de vigilancia estatal sin contrapesos en la Constitución ni un diálogo previo con voces expertas.
“Si uno lee las leyes de forma separada, de pronto podría parecer que tienen una o dos cuestiones criticables. Pero si se leen en conjunto, es posible ver cómo interactúan entre sí para acentuar las capacidades de vigilancia por parte del Estado”, ha dicho el especialista.
CURP biométrica
Uno de los pilares de este sistema sería la creación de una CURP biométrica obligatoria que sería establecida en la reforma a la Ley General de Población. Se pretende que esta clave única de identidad se encuentre asociada a datos biométricos como huellas dactilares o reconocimiento facial y sea indispensable para realizar trámites o acceder a servicios públicos y privados.
Así, el uso obligatorio de la CURP biométrica generaría una huella de las actividades de la población, un rastro digital consultable por el Estado a través de la Plataforma Única de Identidad que también se propone en la Ley General en materia de Desaparición.
Al menos un centenar de colectivos ha rechazado esta ley al considerar que un “sistema de vigilancia masiva” no resolverá la crisis de desapariciones que supera las más de 129.000 personas sin localizar.
Acceso sin control a las bases de datos
En las leyes también se habla de una interconexión masiva de bases de datos a través del Sistema Nacional de Inteligencia. Esto implica que el Estado tendrá acceso registros fiscales, telefónicos, migratorios e incluso inmobiliarios, sin requerir orden judicial ni dejar constancia de sus consultas.
“Pareciera que este sistema se construye únicamente con la finalidad de buscar personas desaparecidas, pero las leyes en materia de seguridad permiten que otras autoridades accedan sin ningún tipo de control a esta actividad”, ha dicho el especialista. El derecho de notificación es una realidad en países como Sudáfrica, donde las autoridades están obligadas a informar a las personas que han sido vigiladas debido a investigaciones judiciales.
Por otro lado, la recientemente aprobada Ley de la Guardia Nacional ha facultado al Ejército para recabar y procesar datos personales y de telecomunicaciones con fines de inteligencia, como el acceso a los registros de llamadas y geolocalización en tiempo real. Asimismo, podrá recabar información en lugares públicos, llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados.
Riesgos de exclusión, discriminación y criminalización
El nuevo sistema propuesto en el paquete de leyes podría afectar de manera desproporcionada a personas en situaciones vulnerables. Con la CURP biométrica obligatoria para acceder a trámites y servicios, los adultos mayores o las personas con discapacidad que no puedan proporcionar sus biométricos tendrían dificultades para acceder a servicios financieros, de salud o programas sociales.
También se abre la puerta a violaciones al derecho a la identidad, especialmente para las personas trans, cuya CURP biométrica podría quedar atada a un sexo asignado al nacer y a dificultades en el cambio del documento de identidad.
En México, por ejemplo, el trámite para cambio de nombre de las personas trans solo se puede llevar a cabo en 21 de los 32 Estados del país. Sin embargo, para las infancias trans, el trámite solo está disponible en cinco entidades y en los consulados de México en el mundo.
Por último, la presunción de inocencia también podría verse comprometida si, por ejemplo, se vincula una línea telefónica con una CURP biométrica y esta es usada para cometer un delito como fraude o extorsión.
Las leyes en materia de seguridad se están discutiendo y aprobando a una velocidad inusual que no ha dado pie a que la ciudadanía pueda poner la lupa sobre las propuestas.
“El Gobierno está prometiendo no abusar de este sistema. Pero el día de mañana, si llega a haber una alternancia hacia un régimen de otro tipo y otras características, ahí está la infraestructura y ahí están las leyes”, concluye Flores.
Con información de EL PAÍS.