CIUDAD DE MÉXICO, 17 de Julio.— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, con la desaparición de los órganos autónomos, “se ahorrarían unos 100 mil millones de pesos al año”. Pero es falso, ya que el presupuesto 2024 de los siete órganos previstos en el paquete del llamado plan C suma 4 mil 534 millones, apenas un 4.5% de la cifra que mencionó el mandatario.
Y si consideramos que el presidente aseguró que no se despedirá a los trabajadores de dichos órganos, al desaparecerlos o transferir sus funciones, el supuesto ahorro sería aún menor, ya que salarios y prestaciones (Servicios Personales) representaron el 63% de su presupuesto el año pasado.
El paquete de reformas que impulsa y promueve el presidente López Obrador prevé la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) , el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
La propuesta destaca que las funciones de estos organismos “serán absorbidas por las dependencias responsables de cada ramo” y que se respetarán “los derechos de sus trabajadores”.
De acuerdo con la Cuenta Pública 2023, ese año el presupuesto ejercido por los siete órganos que menciona la reforma fue de 5 mil 404 millones de pesos, de los cuales se destinaron 3 mil 411 millones en la categoría de Servicios Personales, por lo que el supuesto ahorro en la eliminación de los siete sólo haría referencia a otros capítulos como gastos de operación o inversión física, que el año pasado ascendieron a los mil 992 millones 849 mil 621 pesos, un 2% de la cifra dicha por el mandatario.
La cifra expuesta por el presidente en la conferencia matutina como un supuesto ahorro no se logra ni siquiera considerando el presupuesto todos los órganos autónomos considerados en la Cuenta Pública, que son 8: INE, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, CNDH, Inegi, Comisión Federal de Competencia, IFT, INAI y Fiscalía General de la República.
En 2023 su presupuesto total fue de 57 mil 368 millones 109 mil 357 pesos. Un 57% de lo expuesto por el presidente.
Y si se restan 36 mil millones de pesos en salarios y remuneraciones de los trabajadores que serían reubicados, quedarían 21 mil millones de pesos, un 21% de los 100 mil que mencionó López Obrador.
“No pasa nada, porque no se despide a los trabajadores, es nada más quitar el copete de privilegios, cortarlo. Y que la función del instituto de la transparencia pase a Economía, que el Instituto de Comunicaciones pase a la Secretaría de Comunicaciones, que todos los institutos, organismos autónomos que tienen que ver con la industria eléctrica, con Pemex, que pasen a la Comisión Federal de Electricidad y que pasen a Pemex. Es que todo eso lo crearon cuando la idea central del gobierno era privatizar, entonces necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses”, dijo López Obrador en la conferencia del 11 de julio.
“Ahí está el caso del INAI, el instituto de la transparencia, ¿qué caso de corrupción han puesto al descubierto?, nada, pura tapadera”, agregó, aunque en El Sabueso te hemos contado cómo la información solicitada con la plataforma de transparencia sí ha servido para distintas investigaciones periodísticas sobre corrupción.
El académico Filiberto Valentín Ugalde Calderón menciona en uno de sus ensayos que los órganos autónomos surgen “de la necesidad de limitar los excesos en que incurrieron los poderes tradicionales y los factores reales de poder”. Ugalde Calderón señala que se encargan “de fiscalizar o controlar instituciones para que no violenten el apego a la constitucionalidad”.
Entre los roles que desempeñan en México los órganos autónomos están la organización y supervisión de procesos electorales (INE), la protección de los derechos humanos (CNDH), la regulación de las telecomunicaciones (IFT) y la garantía de la transparencia y acceso a la información pública (INAI).
Con información de Animal Político