Diana García
CHETUMAL, Quintana Roo, 27 de Noviembre. — Violencia digital, inseguridad, espacios seguros, respeto a derechos humanos, educación, combate al acoso y discriminación en las instituciones educativas, salud mental, acciones para prevenir las adicciones, fueron las demandas expuestas por los integrantes del Octavo congreso Juvenil, al Poder Legislativo de Quintana Roo.
Los congresistas juveniles visibilizaron múltiples demandas sociales, en ellos destacó la necesidad de fortalecer los recursos destinados a la salud mental, educación y combate a las adicciones.
El represéntate de Lázaro Cárdenes Efraím Uh Cocom, planteo la necesidad que los institutos municipales contra las adicciones, “Muchos conocemos a familiares y amigos, inmersos en las adicciones, un problema, desgastante, las principales limitantes son la falta de lugares, recursos económicos, y hasta la seguridad, de ahí la necesidad de la regulación de los centros de atención de manera gratuita”.
Explicó que, si bien es cierto que la ley para la prevención y tratamiento de las adicciones, contempla que los institutos deberán prestar servicios, La legislación limita el carácter gratuito de dichos servicios a establecer que el instituto tiene a consideración cuales “son gratuitos y cuales no”.
Las afectaciones generan un alto costo social, por lo que, atendiendo el principio de interés superior, “Hay que apostar a la prevención, atención y tratamiento con cargo gubernamental, el estado puede implementar la gratuidad universal, es prioridad, es necesidad y es por derecho”.
En materia de educación, Ariadne López Tavalez represéntate del Distrito 9 de Solidaridad, planteo la necesidad de garantizar el acceso al idioma inglés gratuito en todas las escuelas y todos los niveles educativos de Quintana Roo, no solo en cuatro municipios de afluencia turística, como actualmente el programa se imparte en 180 planteles de Benito Juárez, Cozumel, Bacalar, y Othón P. Blanco.
“Esto excluye la enseñanza de las ingles en zonas rurales, quitándoles la oportunidad a jóvenes de prepararse, aunque hay mal de mil 300 escuelas, solo el 21 por ciento cuentan con inglés”, indicó.
Por lo que propuso reforma la ley de educación en el artículo 54 para establecer de manera obligatoria el idioma inglés en todas las escuelas y todos los niveles educativos en el estado.
Eduardo Gaspar May, planteo la creación del Consejo Juvenil de Derechos Humanos con el objetivo de articular una red de acompañamiento a las jóvenes víctimas de discriminación y otras violencias, y promover los derechos humanos de las juventudes, “No queremos más casos como el de “Luna” en Cancún, que fue discriminada en una institución educativa”.
De Solidaridad, Irma Morales Cruz destacó la necesidad de actualizar el atlas de riesgo en los municipios, pues de “No hacerlo constituye una vulneración al desarrollo en un medio ambiente sano de los habitantes”.
Dejó claro que esto ya se establece en diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil, no así en la Ley de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y el desarrollo urbano”.
Por ello planteo, que en la ley se integre la definición completa del atlas de riesgo, y la obligatoriedad para que los municipios lo actualicen de manera previa a la elaboración de los planes de desarrollo urbano, por lo menos cada tres años, para “garantizar la seguridad urbana”.
Un total de 26 jóvenes participaron en el octavo Congreso, si bien manifestaron las problemáticas para sustentar las propuestas de ley como un reflejo de las necesidades de la población quintanarroense, será decisión de los diputados de la Décimo Octava Legislatura, convertirlas en realidades.