CANCÚN, Quintana Roo, 2 de julio de 2026.- El despido de trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública podría dejar a personas de escasos recursos sin la posibilidad de presentar estudios socioeconómicos y dictámenes que, en muchos casos, resultan determinantes dentro de procesos judiciales, advirtió Carmina Gutiérrez Mena, asesora jurídica del organismo.
La especialista explicó que más de 40 analistas especializadas en trabajo social, una por cada entidad del país, fueron notificadas de la conclusión de su nombramiento, entre ellas la trabajadora adscrita a Quintana Roo.
Gutiérrez Mena señaló que estos estudios son utilizados como medios de prueba para acreditar la condición económica de los usuarios y permitirles solicitar beneficios dentro de un juicio.
Entre estos apoyos se encuentran reducciones de multas, exenciones de pagos, cancelación de costos por edictos o respaldo a diversas peticiones ante la autoridad judicial.
“La realidad es que a quien más sale afectado aquí, yo considero que es la población. Hay muchas personas que a lo mejor estaban en espera de algún dictamen para una reducción de alguna multa, cancelación del pago de algún edicto para que prospere su juicio o alguna situación en un juicio”, expresó.
La asesora jurídica indicó que las trabajadoras sociales también realizaban labores de atención directa a la ciudadanía, difusión de los servicios de la Defensoría Pública y apoyo en distintos programas institucionales.
Por ello, consideró que su salida no solo representa una afectación laboral para el personal separado, sino también un impacto directo en la operación del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Gutiérrez Mena añadió que muchas personas usuarias dependen de estos dictámenes para demostrar que no cuentan con recursos suficientes y acceder a mecanismos que les permitan continuar sus procesos legales.
Indicó que la separación del personal fue informada como una instrucción de la titularidad del Instituto.
Finalmente, señaló que cada trabajadora decidirá si emprende acciones legales para defender sus derechos laborales, mientras persiste la preocupación por el impacto que esta medida tendrá en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
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