CANCÚN, Quintana Roo, 10 de julio de 2026.- Alrededor de 100 inspecciones a hoteles, restaurantes, supermercados, plazas comerciales y otras empresas han derivado en clausuras, retiro de estructuras y cancelación de concesiones relacionadas con el manejo irregular de residuos en Quintana Roo.
Alonso Fernández Lemmen Meyer, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), informó que las revisiones forman parte de una estrategia para seguir el rastro de la basura generada por grandes comercios y detectar quién la transporta y cuál es su destino final.
Las inspecciones han alcanzado a negocios de distintos giros, desde tiendas de conveniencia y farmacias hasta llanteras, cines, hoteles, restaurantes y comercios de electrodomésticos.
El procurador señaló que durante las investigaciones se han localizado predios con acumulación de metales y residuos provenientes de distintos establecimientos, lo que ha permitido ampliar los procedimientos hacia las empresas involucradas y sus prestadores de servicio.
También se ha revisado a quienes realizan el transporte de estos materiales y, en algunos casos, se han retirado concesiones.
Fernández Lemmen Meyer explicó que una sola inspección puede tener un alcance mayor cuando se trata de corporativos con numerosas sucursales en el estado.
Entre las empresas que ya concluyeron procesos de regularización mencionó a Oxxo y 7-Eleven, mientras que también se han realizado revisiones a cadenas como Liverpool, Coppel, Elektra, Costco, Soriana y Cinépolis.
La vigilancia se concentra en dos puntos. El primero es el manejo integral de los residuos generados por empresas de gran tamaño; el segundo, la responsabilidad que tienen los negocios sobre productos que resultan difíciles de desechar una vez que terminan su vida útil.
En este último grupo se encuentran llantas, electrodomésticos, medicamentos, plásticos y vidrio, materiales que requieren procesos específicos para evitar que terminen abandonados o en tiraderos irregulares.
La PPA continuará siguiendo la ruta de los residuos y a las empresas contratadas para transportarlos, ante la posibilidad de ampliar procedimientos cuando se detecten irregularidades.
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