CHETUMAL, Quintana Roo, 21 de agosto.— Abogados que representan a las víctimas del caso del Crematorio Xibalbá desmintieron que un juez haya ordenado anular la vinculación a proceso de Guillermo “N”. Aclararon que la resolución corresponde solamente a una de las más de 300 denuncias presentadas por los delitos de fraude y usurpación de profesión.
En entrevista telefónica, el abogado Abraham Torres Tello aclaró que, tras difundirse información sobre la supuesta anulación del caso por parte de una jueza, la resolución judicial únicamente libra a Guillermo “N” del delito de usurpación de profesión en uno de los expedientes. Explicó que ni la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ni la víctima lograron acreditar que el acusado se hubiera identificado como veterinario. Sin embargo, puntualizó que el proceso penal por el delito de fraude continúa su curso.
“Aquí, específicamente, se trata de una carpeta en la que, en su momento, la Fiscalía y la víctima no pudieron acreditar que Guillermo ‘N’ se hubiera presentado como veterinario al momento de los hechos. Los testigos tampoco lograron acreditarlo. Al no comprobarse ese vínculo, la jueza de Distrito concedió un amparo favorable a Guillermo ‘N’”, detalló.
Resolución no alcanza al resto de las denuncias
El abogado enfatizó que lo sucedido corresponde a un caso particular y rechazó que la resolución pueda aplicarse de la misma manera a las 324 denuncias restantes. Señaló que cada una corresponde a hechos distintos, presuntamente cometidos en un inmueble que operaba de manera irregular como veterinaria y crematorio.
Recalcó la importancia de que las víctimas y los testigos rindan declaraciones precisas ante la FGE o el juez. Advirtió que, si no explican con claridad que el acusado ofrecía servicios veterinarios, este hecho podría quedar fuera del expediente y Guillermo “N” podría ser procesado únicamente por fraude, sin que se le atribuya el delito de usurpación de profesión.
Añadió que, aunque alrededor de 80 carpetas de investigación ya fueron entregadas al juez de Control, el acusado todavía podría enfrentar penas de entre tres y cinco años de prisión por cada caso. La integración adecuada de los expedientes será determinante para evitar que las omisiones en las declaraciones debiliten las acusaciones de las víctimas.
“Al final, en todas las carpetas que llevamos como asociación y como despacho sí contamos con una integración adecuada y tenemos prácticamente los elementos suficientes para acreditar el delito de usurpación de profesión y el delito de fraude”, precisó.
Agregó que, independientemente de lo resuelto en esa carpeta, el acusado no podrá salir de prisión, debido a que todavía enfrenta otros procesos que deberán ser desahogados ante un juez de Control.
Finalmente, exhortó a la ciudadanía a no dejarse llevar por información falsa que asegure la salida de Guillermo “N” del penal o la anulación total del proceso. Advirtió que este tipo de versiones genera confusión e incertidumbre entre las personas afectadas, por lo que recomendó consultar directamente a los abogados que representan a las víctimas.
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