CHETUMAL, Quintana Roo, 29 de septiembre.— Después de que la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ubicara a Quintana Roo con 182 menores víctimas de explotación sexual hasta agosto de 2026, la Fundación Infantia A.C. llevó a cabo en Chetumal la conferencia “Prevención de la Explotación Sexual y Comercial”, enfocada en la protección de la infancia dentro del sector turístico.
En entrevista, la directora de Capacitación de la fundación, Miriam Peña, explicó que, de acuerdo con el Panorama de la Trata de Personas en Turismo, focalizado en Quintana Roo, los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Othón P. Blanco fueron los que registraron las cifras más altas, por lo que, a través de las capacitaciones, buscan preparar a las personas dedicadas al turismo para prevenir delitos que afecten a niñas, niños y adolescentes.
“Nosotros apoyamos con capacitaciones, con intervención, con ayudar a los empresarios a que implementen el código de conducta”, comentó.
Señaló que, con la intención de evitar la duplicidad de acciones dedicadas a la protección de la infancia, diferentes asociaciones, entre ellas Fundación Infantia, se aliaron con las autoridades de seguridad del estado para crear protocolos de protección y evitar que más niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos relacionados con la actividad turística.
De acuerdo con el Blog de Datos e Incidencia Política de la REDIM, con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Quintana Roo ocupaba el primer lugar en delitos contra personas de 0 a 17 años. Entre los registros se encontraban 49 casos de trata de personas con fines de explotación sexual, 41 de trata de personas con fines de trabajo o servicios y 92 de trata de personas con otros fines.
En su tabla por municipios, Benito Juárez, con 31 casos; Tulum, con ocho, y Playa del Carmen, con cinco, fueron los municipios que registraron el mayor número de casos hasta agosto de 2026.
Finalmente, indicó que dependencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales (ONG), empresarios y representantes del sector turístico trabajan en la elaboración y aplicación de protocolos para la protección de niñas, niños y adolescentes.