TULUM, Quintana Roo, 06 de Marzo. –El intento de desalojo en Tulum, que ocurrió este jueves en un predio ubicado en la zona costera, no es un hecho aislado, sino que remite a un largo historial de abusos y despojos ilegales que han marcado la historia reciente de la región.
A lo largo de los años, las autoridades judiciales de Quintana Roo han sido señaladas por su participación en fraudes y manejos oscuros de tierras, y el caso reciente no es la excepción. Este nuevo intento de despojo, que afecta a un predio del ejido en el kilómetro 8.5 de la zona costera, ha sido denunciado por los habitantes de la comunidad como parte de un procedimiento ilegal orquestado por la jueza Deyliana Avilés y las actuarias María Elena Anaya Reyes y Nancy Aracely Flota Núñez.
Los denunciantes aseguran que las autoridades judiciales están promoviendo una restitución de tierras que no solo es ilegal, sino que además carece de fundamento. El lote en cuestión ni siquiera existe, y las pruebas apuntan a que lo que se está llevando a cabo es un fraude procesal que recuerda la maniobra de 2016, cuando el gobierno del exgobernador Roberto Borge ejecutó un despojo de tierras ejidales mediante un fraude judicial. En ese entonces, el uso indebido de la vía de apremio para tomar terrenos que no eran de su propiedad dejó a muchas familias despojadas de sus tierras, situación que sigue sin resolverse de manera justa.
La ley es clara: un juez civil no tiene facultades para ejecutar un predio ejidal, ya que este tipo de tierras están protegidas por la legislación agraria. Sin embargo, la jueza Avilés ha desestimado este principio fundamental del derecho agrario y ha continuado con el proceso, ignorando incluso los fallos previos que habían invalidado dicho procedimiento. Este comportamiento no solo contraviene la ley, sino que pone en evidencia una flagrante violación de los derechos ejidales, al hacer caso omiso de los fallos judiciales anteriores que declararon la nulidad del proceso.
La corrupción dentro del sistema judicial es otro aspecto preocupante en este caso. Los denunciantes señalan a la jueza Avilés y a las actuarias involucradas como parte de una red corrupta dentro del Poder Judicial de Quintana Roo, conocida como “El Cártel de las Tortugas”. Esta estructura habría estado operando desde hace años, manipulando casos a cambio de sobornos y favoreciendo a aquellos que puedan pagar más, mientras que la justicia es aplastada bajo el peso de la corrupción.
Además, el intento de intimidación por parte de las actuarias, quienes supuestamente bajaron de un vehículo acompañadas de un grupo de choque para amedrentar a los opositores, deja claro que en este caso no solo se violan los derechos de los ejidatarios, sino que también se utilizan tácticas mafiosas para forzar la voluntad de los involucrados.
Es urgente que el Consejo de la Judicatura y las autoridades agrarias intervengan de manera inmediata para frenar esta ilegalidad, así como para investigar a fondo la implicación de la jueza y su equipo en estos hechos. El despojo de tierras en Tulum no puede quedar impune, y la población merece respuestas claras y acciones concretas para restaurar el estado de derecho.
Lo que está en juego es mucho más que un predio: se trata de la justicia, de la dignidad de los ejidatarios y de la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger los derechos de los ciudadanos.