CHETUMAL, Quintana Roo, 9 de febrero.- El amparo promovido por la Asociación Ciudadanos por la Transparencia en contra de las ayudas sociales del Congreso de Quintana Roo, fue admitido por el juez noveno de Distrito, con sede en Cancún.
En conferencia de prensa los representantes de dicha organización aseguraron que el Juez Noveno, emitió una suspensión provisional contra el uso de la partida presupuestal de 99 millones de pesos que diputados de la Décimo Sexta Legislatura aprobaron designar para el rubro de ayudas sociales.
El amparo fue promovido por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (Saeqroo) “por actos violatorios de los derechos humanos de los quintanarroenses”.
Al respecto Francisco Becerril, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas en Quintana Roo explicó que con la suspensión provisional por este gasto, “el Poder Legislativo deberá informar de cada peso que gasten, a quién lo destinaron y el porqué de su uso, en lo que se resuelve si procede una suspensión definitiva, el próximo 1 de marzo”.
Colunga Becerril, destacó que uno de los amparos ya tiene un avance positivo, mientras que los amparos están ya siendo admitidos, por cuestiones de trámites faltan dos, y el más avanzado de ellos es el presentado por el CPC.
Dijo que al ser reconocidas las quejas por un juez se podrá dar seguimiento al uso de estos recursos, y una vez que el Poder Legislativo sea notificado este miércoles.
“Mientras avanza el amparo, podría ser que (los diputados) se gasten los 100 millones de pesos, para cuando la autoridad llegara al fondo y determinara que si era violatorio a los derechos humanos de los quintanarroenses, el congreso del estado podría llegar a decir que ya lo aplicó”, manifestó el abogado.
Desde el pasado 2 de febrero, se promovieron cinco amparos a distintos jueces de distrito por agrupaciones locales como Gobernanza MX, Cultura Cívica, y las personas físicas Tedesi Cupul, Alicia Mateos, Linda García Gual y Celina Izquierdo, las cuales se sumaron a las acciones promovidas por Ciudadanos Por la Transparencia y el CPC Saeqroo contra el Congreso del Estado.
Los activistas señalan que el Congreso del Estado asignó el 20.5 por ciento de su presupuesto para ayudas sociales, cifra que representa 99 millones de pesos, de los cuales precisan “se gastan de manera discrecional, sin que existan reglas de operación que ordene en qué se emplea”.