TULUM, Quintana Roo, 5 de Diciembre. –Este jueves, decenas de locatarios de la Zona Arqueológica de Tulum cerraron los accesos al Parque Nacional del Jaguar en protesta por las acciones de la nueva administración del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca – Maya – Mexica (GAFSACOMM), que, según ellos, está afectando gravemente el flujo de turistas en la zona.
Pedro Canul Méndez, administrador del Centro Artesanal Tulum, indicó que más de mil familias corren el riesgo de quedarse sin empleo debido a las decisiones que se han tomado en relación al acceso al parque. El conflicto comenzó el miércoles 4 de diciembre, cuando a las 2 de la tarde, la Guardia Nacional fue instruida para redirigir a los turistas hacia otras entradas del parque, lo que provocó el cierre de la entrada principal, que había estado operando por más de 40 años.
Canul Méndez manifestó su preocupación, pues el cierre de este acceso ha repercutido directamente en la economía local, afectando principalmente a los comerciantes, restauranteros y operadores turísticos que dependen del flujo de visitantes. La medida de la nueva administración, que busca reorganizar el acceso al parque, ha generado un descontento generalizado en la comunidad.
A raíz de la protesta, el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, se presentó en el lugar para dialogar con los manifestantes y buscar una solución a la problemática. En un giro positivo, se acordó levantar la protesta y convocar a una reunión con autoridades municipales, estatales y federales el próximo 11 de diciembre.
Durante la reunión, los locatarios solicitarán la reapertura de la entrada principal, así como la instalación de una taquilla que permita un acceso ordenado de los turistas sin afectar a los comercios y servicios locales. Además, los comerciantes proponen alternativas para organizar el cobro de boletos, asegurando que no se pierda el flujo de visitantes, que es esencial para la sostenibilidad económica de la región.
Esta protesta pone de manifiesto las tensiones entre las autoridades y los habitantes locales, quienes piden un modelo de gestión que garantice el bienestar tanto de los turistas como de las familias que dependen de la actividad económica generada por la zona arqueológica.