PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 18 de junio de 2026.— Representantes de la sociedad civil llamaron a las autoridades municipales a colocar la inclusión y la accesibilidad como temas prioritarios dentro de la planeación urbana y las políticas públicas, al advertir que aún persisten rezagos que afectan la movilidad, seguridad y calidad de vida de las personas con discapacidad.
Rafael Barragán Vázquez, presidente de la Asociación Libertad y Accesibilidad A.C., señaló que la inclusión no debe atenderse como un tema aislado, sino como un eje transversal en todas las dependencias gubernamentales, debido a que las barreras que enfrentan las personas con discapacidad están presentes en distintos ámbitos de la administración pública.
El activista lamentó que representantes del sector no hayan sido convocados a espacios de planeación donde se discuten asuntos que impactan directamente a esta población, particularmente en materia de desarrollo urbano, movilidad, infraestructura pública y servicios municipales.
Barragán Vázquez sostuvo que muchas de las necesidades actuales ya se encuentran contempladas en la legislación federal en materia de inclusión, por lo que consideró que no deberían depender de nuevas solicitudes ciudadanas para ser atendidas por las autoridades.
Entre las principales problemáticas mencionó la falta de espacios de estacionamiento accesibles, la escasa vigilancia para evitar que sean ocupados de manera indebida y las deficiencias en banquetas, rampas y demás infraestructura urbana, lo que dificulta el desplazamiento seguro de personas con movilidad reducida.
Advirtió que estas condiciones no sólo representan una limitación física, sino también una forma de exclusión que impide el ejercicio pleno de derechos, especialmente cuando las personas con discapacidad no pueden trasladarse con autonomía en espacios públicos o acceder en igualdad de condiciones a servicios, comercios, oficinas y áreas recreativas.
De acuerdo con datos citados por Barragán Vázquez, alrededor del 10 por ciento de la población presenta algún tipo de discapacidad, lo que obliga a las autoridades a asumir la accesibilidad como una política permanente y no como una acción eventual.
El presidente de la asociación indicó que Libertad y Accesibilidad A.C. ha trabajado durante más de una década en la promoción de políticas públicas de inclusión y ha contado con el respaldo de organismos defensores de derechos humanos; sin embargo, afirmó que muchas de las necesidades identificadas desde hace años continúan vigentes.
Por ello, urgió a fortalecer la aplicación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y a garantizar condiciones de igualdad, accesibilidad universal y cero discriminación en el municipio.
Barragán Vázquez insistió en que la planeación urbana debe tomar en cuenta a las personas con discapacidad desde el diseño de los proyectos, y no hasta que las obras ya fueron ejecutadas, pues corregir omisiones resulta más costoso y mantiene a este sector en desventaja.
El llamado de la sociedad civil se da en un contexto en el que Playa del Carmen mantiene un crecimiento urbano acelerado, por lo que organizaciones consideran necesario que cada obra pública, programa municipal y política de movilidad incorpore criterios reales de accesibilidad, inclusión y respeto a los derechos humanos.
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