CIUDAD DE MÉXICO, 21 de octubre.- Alrededor de 144 hectáreas se han deforestado y ha habido desalojos de pobladores ante la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán, señalaron representantes de comunidades mayas, que también señalaron retraso en la resolución de recursos jurídicos, ya que se han concentrado en un juzgado de Yucatán y esto ha dilatado los procesos.
Desde enero de 2020 comunidades de la Península Yucatán, colectivos y organizaciones de la sociedad civil han interpuesto demandas en contra del proyecto de desarrollo Tren Maya, debido a que aseguran que se han visto violentados sus derechos a la consulta, a la vivienda, a la salud, entre otras garantías y el Poder Judicial ha retrasado el avance de los procesos, más allá de los impactos que ocasionó la pandemia de Covid-19 en los trámites.
En videoconferencia, Miguel Anguas, de la asociación Indignación, sostuvo que “los trámites han sido tardados en el poder judicial, decidieron que todos los amparos se concentraran en el tribunal colegiado de distrito en materia laboral en Yucatán. Esto hace que los procesos judiciales se retrasen más”.
El proyecto sigue su ejecución en el tramo 4, “donde es evidente la deforestación, y esto es una violación a la suspensión. Ahora los casos están concentrados y tramitados en el juzgado primero de distrito, el cual ha sido omiso. Esto es parte de una estrategia para retardar los procesos. El juzgado se atrasa, no se pronuncia y se violan los derechos humanos”, agregó.
Por su parte, Janet Medina, de Kanan Derechos Humanos, explicó que hay dos amparos relacionados con el acceso a la información y participación pública, derivado de que en 2020 se abrió un plazo para consulta pública, pero la delegación de Semarnat en Yucatán no contaba con los anexos de la Manifestación de Impacto Ambiental y la dependencia los entregó el último día, por lo que no hubo tiempo de revisarlos. Ante ello comenzó el proceso judicial a través de un amparo, se ordenó la suspensión, no se ha cumplido, “Fonatur alega que no se construye nada, que sólo se da mantenimiento”.
A su vez, Kalycho Escoffié, abogada y activista, dijo que hay riesgo de que 3 mil familias sean desalojadas por encontrarse en las vías del Tren Maya, “se ve un desalojo forzoso, no hay fundamento legal para que se saque a la gente de sus hogares, a quienes presentaron juicios de amparo se les presiona para que se desistan”.
Con información de La Jornada
