Ciudad de México, 24 de marzo de 2026.– En un momento clave para la transformación del sistema de justicia en México, y en el marco de la agenda nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se firmó el Convenio Marco de colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por su presidente Hugo Aguilar Ortiz, y la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Citlalli Hernández Mora.
La diputada local y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo, Paola Moreno, participó en este acto de alto nivel institucional, consolidando su presencia en una agenda que hoy trasciende lo local y se inserta en la construcción de políticas públicas de alcance nacional.
Este acuerdo busca atender una de las principales fallas estructurales del país: que la ley existe, pero no siempre se aplica de manera efectiva para las mujeres.
El contexto que da origen a este convenio es contundente. De acuerdo con el INEGI, 7 de cada 10 mujeres en México han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y en sectores específicos la incidencia sigue siendo significativa. En el caso de mujeres indígenas, la cifra supera el 60%, evidenciando no solo la magnitud del problema, sino también las profundas desigualdades en el acceso a la justicia.
Durante años, México ha contado con leyes, protocolos y criterios judiciales que reconocen la violencia de género; sin embargo, la realidad ha demostrado que el principal desafío no está en la legislación, sino en la forma en que las instituciones responden. Procesos fragmentados, revictimización, falta de coordinación y tiempos prolongados han limitado el acceso real a la justicia para millones de mujeres.
Este convenio marca un punto de inflexión al establecer una coordinación directa entre el Poder Judicial, el órgano administrativo del sistema judicial y la Secretaría de las Mujeres, con el objetivo de alinear criterios, mejorar la atención a víctimas, fortalecer protocolos con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad y, sobre todo, construir rutas claras de acceso a la justicia.
En términos prácticos, el cambio que se busca es profundo: pasar de un sistema donde las mujeres enfrentan múltiples ventanillas y obstáculos institucionales, a uno donde exista canalización efectiva, atención integral y decisiones judiciales más sensibles a las realidades de violencia. No se trata de crear nuevas leyes, sino de hacer que el sistema funcione.
En este contexto, Paola Moreno destacó:
“México ya había reconocido el problema. Hoy empieza a corregir cómo responde a este problema, la justicia para las mujeres no puede depender de criterios aislados, debe ser una garantía institucional.”
Asimismo, reconoció el liderazgo de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, por impulsar una agenda que articula esfuerzos entre instituciones y avanza hacia resultados concretos:
“Este convenio refleja una visión clara: que ninguna mujer enfrente sola al sistema. La coordinación institucional es el camino para cerrar las brechas históricas de acceso a la justicia.”
También subrayó la disposición del Poder Judicial, encabezado por el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, para avanzar hacia un modelo más accesible, sensible y eficiente en la atención de casos de violencia de género.
El evento reunió a actores clave en la construcción del sistema de justicia en México: ministras de la Suprema Corte, autoridades del órgano de administración judicial, representantes del Ejecutivo federal y liderazgos estatales. Destacó la participación de la gobernadora Mara Lezama, en su calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad de la CONAGO, fortaleciendo la articulación entre los estados y la agenda nacional.
La participación de Paola Moreno en este espacio refleja la importancia de vincular la agenda local con la construcción de soluciones de alcance nacional en materia de justicia.
El convenio también abre la puerta a una nueva etapa en la generación de información estratégica. La sistematización de datos permitirá identificar patrones de violencia, tiempos de respuesta institucional y áreas críticas de intervención, lo que podría traducirse en políticas públicas más eficaces y focalizadas.
A nivel global, este tipo de acciones acercan a México a estándares de naciones que han avanzado en la integración de la perspectiva de género en sus sistemas de justicia, como España, Reino Unido y Corea del Sur, posicionando al país como un actor que busca no solo legislar, sino implementar.
En un país donde la violencia contra las mujeres sigue siendo un desafío estructural, este acuerdo representa una oportunidad para transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, coordinado y basado en evidencia.
“La igualdad sustantiva no se construye con discursos, sino con instituciones que funcionan”, concluyó Paola Moreno.
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— Saber Político (@saberpolitico) March 21, 2026
