Diputados aprueban endurecer penas por delitos ambientales y envían la reforma al Senado para su revisión final en México.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 450 votos, una reforma al Código Penal Federal para incrementar las penas por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. La decisión se tomó recientemente en el recinto legislativo federal y contempla sanciones más severas para conductas como contaminación, tala ilegal y tráfico de especies. El dictamen fue devuelto al Senado para su revisión final, en un contexto de creciente presión por frenar el deterioro ambiental en el país.
La reforma establece penas de hasta 10 años de prisión por delitos ambientales graves, incluyendo la descarga ilegal de contaminantes en cuerpos de agua y el tráfico de especies enfermas que puedan afectar ecosistemas. También endurece castigos por tala ilegal, invasión de terrenos forestales y falsificación de información ambiental.
Entre los cambios más relevantes, se sancionará con dos a diez años de prisión a quienes contaminen suelos, ríos o mares con residuos peligrosos que dañen recursos naturales o ecosistemas. En casos de tala ilegal o destrucción de vegetación, las penas van de uno a nueve años de prisión, con agravantes si hay violencia o fines de lucro.
Además, se contemplan castigos más severos cuando estos delitos afecten Áreas Naturales Protegidas, donde las penas podrían aumentar hasta en 20 años de prisión.
Endurecen sanciones por obstrucción y delitos contra la autoridad
El dictamen también incluye sanciones por conductas que obstaculicen la labor de la autoridad ambiental. Se impondrán penas de seis meses a tres años de prisión a quienes se opongan con violencia o amenazas al cumplimiento de funciones oficiales.
Asimismo, se castigará con hasta siete años de cárcel a quienes rompan sellos impuestos por autoridades, especialmente si continúan con las actividades que originaron la sanción.
Negarse a prestar un servicio de interés público o desobedecer mandatos legítimos también será sancionado con penas de hasta dos años de prisión y multas económicas.
Castigos por información ambiental falsa y simulación
La reforma incorpora sanciones para quienes difundan información falsa relacionada con el cumplimiento de normas ambientales. Esto incluye engañar a consumidores, inversionistas o autoridades mediante datos simulados sobre desempeño ambiental o comercio de emisiones.
Las penas previstas para estas conductas van de dos a diez años de prisión, además de multas elevadas, con el objetivo de frenar prácticas fraudulentas en el sector ambiental.
También se castigará la obtención indebida de certificaciones o registros ambientales mediante información falsa.
Rechazan cambios del Senado y mantienen redacción original
La Comisión de Justicia desechó las modificaciones propuestas previamente por el Senado, entre ellas la sustitución de multas en días por la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como ajustes relacionados con comunidades rurales.
El órgano legislativo argumentó que ya existen disposiciones en el Código Penal Federal que contemplan excepciones para personas de comunidades rurales, indígenas o afromexicanas que utilicen recursos forestales para subsistencia.
El dictamen aprobado mantiene así los términos establecidos desde noviembre de 2025 y será nuevamente analizado por el Senado conforme al proceso legislativo.
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