Tras una década de negociaciones, las firmas del Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial interino entre México y la Unión Europea (UE) por fin quedaron estampadas el 22 de mayo último, en una ceremonia que la presidenta Claudia Sheinbaum y las más altas autoridades europeas presentaron como “un nuevo capítulo en su asociación estratégica”.
Pero mientras los aplausos aún resonaban en Palacio Nacional de la Ciudad de México –donde se realizó la firma–, en los pasillos del Parlamento Europeo circulaban ya 317 enmiendas al borrador de resolución que debe acompañar la ratificación de los acuerdos: 181 páginas cargadas de cuestionamientos incómodos sobre la reforma judicial, narcotráfico, desaparecidos, impunidad y violencia en México.
Allí, en la llamada Eurocámara, 720 eurodiputados, distribuidos en ocho grupos políticos más un bloque de independientes, votarán el futuro de los acuerdos con México que actualizan el original del año 2000 (y lo mismo hará por su lado cada uno de los 27 Estados socios de la UE). Primero tendrán que pasar, en junio, por las comisiones europarlamentarias de Comercio Internacional y de Relaciones Exteriores.
Después de ello, y a la par de la votación definitiva para aprobar los acuerdos, programada para la sesión plenaria de julio, el Parlamento Europeo emitirá una resolución que fija su posición oficial y que servirá como instrumento de presión política sobre la Comisión Europea, que fue la institución que negoció directamente con México. Aunque también deja mal parada la imagen positiva que promueve el gobierno de Claudia Sheinbaum internacionalmente, además de mostrar las zonas de preocupación y crisis que complican la relación con las diferentes familias políticas europeas, más allá del festejo oficial por la modernización de los acuerdos.
Las reuniones entre los grupos políticos para alcanzar una versión común de la resolución se encuentran actualmente en desarrollo. Según el programa oficial del Parlamento Europeo, un análisis de las enmiendas estaba previsto para el 21 de mayo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición el resultado del proceso de negociación entre las bancadas seguía siendo incierto, sin que se hubiera dado a conocer un acuerdo definitivo sobre la versión final de la resolución.
Críticas de izquierda
El borrador de dicha resolución fue redactado por dos eurodiputados españoles de las bancadas mayoritarias: Javier López, del grupo Socialistas y Demócratas (S&D), y Borja Giménez, del Partido Popular Europeo (PPE). La importancia del documento radica en que todos los grupos –de extrema derecha a izquierda radical–tuvieron oportunidad de incorporar sus observaciones y plantear enmiendas a su contenido.
Fuente: Proceso
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