Ciudad de México, 08 de marzo. – El escrito está dirigido al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón y afirma que de permitir la participación de la magistrada se entendería que “el tribunal actúa de manera parcial y arbitraria, lo que vulneraría el estado de derecho y dejaría en duda la legitimidad de dicho tribunal”.
Esto, luego de que Milenio diera a conocer un proyecto en el que Otálora propone inaplicar el artículo transitorio del Plan B, en el que se destituye a Edmundo Jacobo, Secretario Ejecutivo del INE.
Según lo publicado por el diario, el proyecto establece “inaplicar el artículo décimo séptimo transitorio del decreto (…) pues se trata de una norma privativa e incidir en la autonomía del órgano constitucional y en las facultades constitucionales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.
Con esta “filtración”, según la consejería, la magistrada se pronunció anticipadamente a favor de la demanda del exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, sin haber escuchado antes a todas las partes involucradas en el juicio y sin que exista un proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno de la Sala Superior.
La dependencia también afirmó que Otálora Malassis violentó el Reglamento Interno del TEPJF, que en su artículo 146 refiere:
“El personal del Tribunal Electoral por ningún motivo podrá sustraer físicamente, por medios electrónicos o por cualquier otro medio, los expedientes de los medios de impugnación de las instalaciones del Tribunal Electoral, salvo que existiera causa justificada para ello, respetando en todo momento el deber de confidencialidad a que obliguen la ley o este Reglamento”.
Hasta el momento dicho proyecto no es público y tampoco se ha discutido, además, tanto Janine Otálora, Mónica Soto y Felipe Fuentes no están en la ciudad por lo que la sesión de este 8 de marzo ocurriría solo con cuatro integrantes de la Sala Superior, así que el tema podría agendarse hasta la próxima semana.
El caso de Edmundo Jacobo, exsecretario del INE
El 2 de marzo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicó el segundo paquete del llamado “plan B” de la reforma electoral, con lo que activa una serie de plazos para que el INE y otras instituciones realicen cambios en sus estructuras.
El más inmediato fue el cese automático del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, cabeza de los procesos operativos en el organismo desde hace 15 años.
Jacobo Molina ha estado en esa posición desde 2008 —cuando el INE era Instituto Federal Electoral (IFE)—; fue nombrado secretario ejecutivo en 2014, cuando el IFE se transformó en INE, y reelecto por el Consejo General en marzo de 2020. Su cargo concluiría hasta 2026, pero según el artículo 17 transitorio de la reforma, deberá dejar el cargo de inmediato.
“Dada la modificación de las facultades de la Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”, señala el artículo en cuestión.
Jacobo Molina anunció que reclamará su restitución ante tribunales federales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Yo en estos momentos tengo ya mis recursos listos, acudiré a la justicia para solicitar un amparo y también voy a acudir con la figura de un juicio ciudadano al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no es sólo arbitraria la forma en que se me separa del cargo, sino ilegal”, declaró.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, indicó que el secretario ejecutivo es nombrado por el Consejo General y no por la Cámara de Diputados, por lo que tendría que ser el mismo órgano que lo nombró el que lo destituya.
Edmundo Jacobo Molina llevaba 14 años en el cargo; terminaría hasta 2026.
Con información de Animal Político
