CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez vinculó a proceso a Mauricio Cerón y Patricia Gómez, exintegrantes de la Coordinación General de Servicios Periciales de la extinta Procuraduría General de la República, por presuntamente obstaculizar la investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, obtuvo vinculación a proceso en contra de esas dos personas “por su probable comisión del delito de obstaculizar la investigación del hecho delictuoso”.
En un comunicado, la FGR explica que, de acuerdo con la investigación, los peritos probablemente realizaron actividades en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, lo que derivó en la obstaculización de la investigación acerca del paradero de los 43 estudiantes.
En consecuencia, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba al juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, quien vinculó a proceso a estas personas y fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Los acusados supuestamente alteraron y perdieron evidencias de dos restos óseos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a los imputados por sólo uno de los dos delitos contra la administración de la justicia por los que fueron acusados por la FGR.
Se les señala de no haber entregado un resto óseo para su análisis científico y, como consecuencia, no haber elaborado un dictamen que debió incluirse en la averiguación previa, con lo que se obstaculizó conocer la verdad de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Los peritos, según los informes obtenidos, expusieron ante el juez un dictamen privado que concluye que los dos restos que les imputan haber perdido, en realidad eran de aves, razón por la que no fueron considerados como indicios.
El peritaje se basa en un video grabado el día de la diligencia del 28 de octubre de 2014 en la zona del río San Juan, donde se hallaron bolsas de plástico, supuestamente con restos de los normalistas.
Los procesados gozarán de libertad provisional durante el procedimiento, pero deberán acudir a firmar cada mes. El ilícito por el que quedaron vinculados al procedimiento se castiga con cuatro y hasta 10 años de prisión y de 100 a 150 días multa.
La FGR originalmente imputó dos delitos contra la administración de la justicia, previstos en las fracciones 31 y 32 del artículo 225 del Código Penal Federal.
El primero por la supuesta alteración del lugar de los hechos y pérdida de indicios relacionados con un hecho delictivo, y el segundo por obstaculizar la investigación del hecho delictuoso.
El juez, sin embargo, consideró que el primer ilícito quedaba subsumido en el segundo, y además analizó como una conducta delictiva adicional la conferencia de prensa que Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, rindió el 27 de abril de 2016, porque en ella estuvieron presentes los dos peritos y, según la FGR, con ello avalaron hechos falsos.
Con información de Proceso
