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Otorga Teqroo protección a Maritza Basurto por denuncias contra Dr. Pech

Chetumal, Quintana Roo, 28 de marzo de 2024. – El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), por unanimidad de votos declaró procedente las medidas de protección a favor de una diputada de la XVII Legislatura del Congreso del Estado, ante la posible ejecución de actos que podrían actualizar Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG).  

Lo anterior, al emitir el Acuerdo de Pleno relativo al cuaderno de antecedentes CA/009/2024, por el que se determina sobre las medidas de protección solicitadas por la legisladora en contra de José Luis Pech Várguez, en su calidad de coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, José Luis Pech Galera y Jacobo David Cheja Alfaro, en su calidad de Delegado Nacional del partido Movimiento Ciudadano en Quintana Roo. 

Es por ello, que el Pleno ordenó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, para que conforme a sus atribuciones de manera inmediata asigne la protección necesaria, continua y permanente a la parte actora, hasta que se dicte la sentencia de fondo por parte de este órgano jurisdiccional. 

Asimismo, exhortó al Titular de la Dirección Jurídica del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), para que en lo subsecuente cuando los asuntos relacionados con VPG se haga valer el posible e inminente riesgo a la integridad, libertad y de vida de la persona que solicite la adopción de las medidas de protección, actúe con mayor diligencia, toda vez que es obligación de toda autoridad otorgar estas medidas de protección.  

En la sesión virtual, también se atendió el Recurso de Apelación RAP/055/2024, promovido por el PRD, en contra del acuerdo 36 del presente año, aprobado por la Comisión de Quejas y Denuncias del IEQROO, por medio del cual determinó la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el partido actor en los expedientes registrados con los números IEQROO/PES/051 y 52 acumulados. 

El Pleno, por unanimidad de votos confirmó el acuerdo impugnado, por razones distintas, la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el PRD. 

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