Brasilia, Brasil, 10 de enero. – El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y los titulares del Congreso y del Supremo Tribunal Federal de Brasil cerraron filas ayer y condenaron, en una declaración conjunta, “los actos terroristas” ocurridos el domingo en Brasilia, cuando miles de bolsonaristas intentaron perpetrar un golpe de Estado al asaltar las sedes de los poderes públicos.
Convocados por sindicatos y movimientos sociales, miles marcharon en defensa de la democracia en todo el país, según videos que circularon en redes sociales.
Con carteles con mensajes en que se leía: “estamos con Lula”. “respeto al voto popular” y “prisión para los golpistas”, miles de personas se reunieron en Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre y Recife, entre otras, “en defensa de la democracia” y para exigir castigo a los bolsonaristas.
En una inusual declaración conjunta, publicada en la cuenta de Twitter de Lula, los líderes del Senado, Vital do Rego; de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y del Supremo Tribunal Federal, Rosa Maria Pires Weber, rechazaron los “actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas”.
“Convocamos a la sociedad a mantener la serenidad, en defensa de la paz y la democracia”, afirmaron los dirigentes que se reunieron en el presidencial Palacio de Planalto, donde Lula reanudó sus actividades pese a que fue uno de los sitios vandalizados, con ventanas rotas y oficinas destrozadas.
Ante los 27 gobernadores del país, Lula afirmó que la turba que asaltó el Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal buscaba perpetrar “un golpe de Estado”.
“El resultado electoral se dio y fue respetado por gran parte de la sociedad, pero algunos perdedores no lo aceptaron y están en la calle. ¿Qué exigen? Están frente a los cuarteles en casi todo el territorio nacional reclamando un golpe de Estado”, declaró Lula, al reiterar que los participantes del asalto “no tenían una agenda de reivindicaciones”, solamente querían “un golpe”.
“No es posible que un movimiento dure tanto si no hay gente que lo financie. Vamos a investigar y vamos a averiguar quién lo financió”, sostuvo Lula.
“Fue muy difícil para nosotros conquistar la democracia en ese país. Necesitamos aprender a convivir democráticamente en la diversidad”, añadió en su cuenta de Twitter.
Los emblemáticos edificios de la capital brasileña fueron tomados durante casi cuatro horas por miles de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro que exigían una intervención militar para retirar a Lula del cargo que asumió el 1º de enero.
El ataque recordó el perpetrado en 2021 en el Capitolio por simpatizantes del entonces presidente estadunidense Donald Trump, quien tampoco reconoció la victoria deldemócrata Joe Biden, y a quien admira Bolsonaro, que tampoco admitió la victoria de Lula.
La Federación Brasileña de Bancos, la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, la principal organización industrial brasileña, y la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo repudiaron la invasión a las sedes de los tres poderes.
Las autoridades comenzaron desde la noche del domingo investigaciones para hallar a los responsables del asalto y a sus eventuales financiadores.
Hasta ayer fueron detenida unas mil 500 personas, informó Flavio Dino, ministro de Justicia y Seguridad, quien precisó que la mayoría estaban en un campamento en Brasilia, desde donde salieron buena parte de los atacantes.
Luego de que el ministro del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, ordenó desmantelar los campamentos de los simpatizantes de Bolsonaro de manera inmediata, la policía retiró el último campamento, levantado hace poco más de dos meses a la puertas del cuartel general del ejército en Brasilia, al que exigían una asonada para evitar que Lula asumiera el Ejecutivo.
Cientos de policías y militares fueron desplegados en Brasilia, Río de Janeiro, Sao Paulo y otros puntos del país para desmantelar estructuras similares.
Moraes también apartó de su cargo al gobernador bolsonarista del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días, mientras el Ministerio Público Federal abrió una investigación para aclarar si la policía fue omisa ante los actos golpistas. También prohibió hasta el 31 de enero la entrada de autobuses y camiones con manifestantes al Distrito Federal y les ordenó liberar carreteras, edificios públicos estatales y federales en todo el país.
En conferencia de prensa, Lula denunció “incompetencia o mala fe” de la policía y prometió que algunos serán castigados. El gobernador Rocha confirmó en Twitter que destituyó al jefe de seguridad pública, Anderson Torres. Medios locales informaron que Torres estaba en Orlando de vacaciones y que negó haberse reunido ahí con Bolsonaro, quien a dos días de que concluyera su mandato huyó en un avión oficial a esa ciudad.
El ministro de la Secretaría de Comunicación Social, Paulo Pimenta, denunció el robo de armas de fuego, documentos y munición de la sala del gabinete de Seguridad Institucional del Palacio de Planalto. Hay al menos mil 500 detenidos, informó el ejército.
La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación denunció y condenó las agresiones que sufrieron varios trabajadores de los medios por parte de bolsonaristas mientras cubrían el asalto. Al menos cinco reporteros fueron atacados y despojados de su equipo de trabajo.
Bolsonaro fue hospitalizado y se encuentra en observación por una molestia en el abdomen, zona en la que fue apuñalado en 2018 durante un mitin, informó su esposa Michelle desde Orlando, Florida.
Con información de La Jornada