Activistas en el norte de México criticaron la colocación de un centro de detención para migrantes, que el Instituto Nacional de Migración (INM) construye con carpas en el kilómetro 72 de la carretera federal 45, en medio del desierto de Chihuahua, donde las temperaturas superan los 40 grados centígrados.
Señalaron que al no tener las condiciones adecuadas y al estar alejado de la ciudad, el INM del Gobierno mexicano se arriesga a provocar una nueva tragedia como la que ocurrió en pleno centro de la fronteriza Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes a causa de un incendio del que no pudieron escapar por estar encerrados.
El albergue que construyen las autoridades migratorias está a 72 kilómetros de Ciudad Juárez, Chihuahua, y consta de una carpa gigantesca y baños de plástico en unas instalaciones que fueron usadas como aduana antes, pero están abandonadas y vandalizadas desde hace más de 10 años.
Ernesto Alexander Vasconcelos, abogado especializado en migración, dijo que el INM “juega con fuego” al poner esta instalación en medio del hostil desierto de Chihuahua.
“Creo que lo que el INM se vuelve a equivocar en improvisar sobre unas instalaciones en ruinas que no fueron hechas para esta intención y que en esta improvisación existe el riesgo muy grande de que vuelva a ocurrir un desastre humano”, sostuvo.
Agregó que es muy sospechoso que de manera clandestina, sin comunicación alguna ni estudio previo, traten de hacer este retén migratorio y señaló que no se le debe dar el nombre de estación ni albergue, sino de cárcel migratoria porque ahí tienen personas detenidas.
“Está alejada de la ciudad, del escrutinio público y el Estado debería tener la transparencia completa, donde todos nosotros como ciudadanos podamos ver el trato que se le va a dar a estos seres humanos. Sabemos que van a estar hombres, niños, mujeres, personas de la tercera edad, alejados de servicios como agua, luz, clima y acceso a asesorías legales”, advirtió.
Vasconcelos alertó que los migrantes que estén en este punto de revisión estarán vulnerables al clima extremo, a la delincuencia, a la corrupción, a los cárteles y a que no se les pueda apoyar en caso de una emergencia.
“Es negarles los servicios legales y consulares, el traslado que tendría que suceder para poder representar a estas personas (es mayor). El Estado, por improvisación, otra vez vuelve a violentar los derechos de los inmigrantes”, señaló.
El abogado insistió en que la lejanía del lugar de Ciudad Juárez, Chihuahua, expone en gran medida a los migrantes.
“Los 40 migrantes murieron porque no tenían 500 dólares para pagar su salida, ese era el acto de corrupción que había en el INM. Eso ocurría estando aquí en medio de la ciudad (Juárez), ahora imagínese allá a lo lejos”, apuntó.
El sacerdote Juan Carlos López, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, dijo que llevar a estos migrantes a un lugar tan alejado sin servicios es un desacierto por parte del Gobierno mexicano.
“El Gobierno; por un lado, tiene que hacer coincidir dos cosas: el trato digno a los migrantes, pero también ofrecer lo que las posibilidades del presupuesto permitan. Aquí es un llamado a que las autoridades tomen mejores decisiones en materia de migración”, dijo.
El presbítero explicó que son seres humanos, personas que requieren cuidados mínimos para vivir decentemente, aunque sea el periodo temporal en que están en la frontera.
López aseguró que si el Estado los tiene en su poder, debe hacer todo para proteger sus vidas y evitar accidentes como el fatal incendio de marzo del 2023.
“El edificio no era un albergue, era una estancia de detención que tenía un máximo de capacidad y se excedió. Se debió haber aprendido de aquello, cualquier lugar que se esté preparando debe tener las condiciones de albergue y debe guardar las condiciones necesarias para evitar todo tipo de riesgo”, concluyó.
Con información de EFE
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