El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que hay diferencias con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes no quisieron recibir un informe del Gobierno Federal en la reunión del lunes.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que se está haciendo una investigación seria y que se se está avanzando en encontrar el paradero de los estudiantes.
“Hemos avanzado bastante, ayer se tuvo una reunión con los padres, los abogados, las madres, asesores y me había comprometido a entregar toda la información”, declaró.
Tenemos diferencias, ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepa los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer este lamentable caso de Ayotzinapa”, indicó.
“Hoy vamos a entregar, porque ellos no quisieron recibir el informe ayer, nosotros queremos que se conozca el informe porque me entregaron un escrito pidiéndome información, sobre todo de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado, y pedí al secretario de la Defensa un informe detallado que me entregó, y ellos no quisieron recibir ese informa ayer”, dijo.
El mandatario mexicano rechazó las declaraciones del abogado de los familiares de las normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, quien detalló en la previa que la Secretaría de Gobernación está ofreciendo una narrativa similar a la llamada “verdad histórica” que quiso imponer el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
El abogado salió a decir, desde luego respeto su punto de vista pero no lo comparto, de que lo que se les dijo aquí fue algo muy similar a la llamada “verdad histórica”, crea que exageró o se confundió, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”, dijo.
El año pasado, la Comisión de la Verdad del Gobierno mexicano concluyó que la desaparición de los estudiantes entre el 25 y 26 de septiembre de 2014, había sido un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas.
Además, el Gobierno del presidente López Obrador ha desmentido constantemente la polémica versión del Gobierno de Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, que sostenía que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula, pero según el abogado, las cosas han cambiado.
“Hay elementos probatorios que tienen ellos (los militares) en sus archivos, pero de eso no nos dan respuesta y Alejandro Encinas -Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación- nos lee una narrativa, de dónde estamos en este momento, que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos”, dijo Rosales a medios tras la reunión en Palacio Nacional.
Con información de López-Dóriga Digital
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