Durante 2025, las desapariciones de personas en México se incrementaron 10.5% respecto al año anterior, con un registro de 133 mil 500 personas a diciembre de 2025, año en el que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) aplicó por primera vez el procedimiento que indica el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, resaltó Amnistía Internacional en su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en el mundo.
En la sección correspondiente a México, la organización resaltó la respuesta que dio el año pasado la presidenta Claudia Sheinbaum ante el anuncio del CED en abril pasado, quien “negó de forma categórica la existencia de desapariciones forzadas en el país”.
En su informe anual “La situación de los derechos humanos en el Mundo. Análisis Global y perspectivas regionales”, correspondiente al año 2025, la organización se refirió al complejo panorama mundial en materia de derechos humanos y la crisis del sistema multilateral de la ONU, nacido hace ochenta años.
Para Amnistía Internacional el año 2025 será recordado “por sus depredadores y matones, por la utilización de políticas de apaciguamiento destinadas a encubrir flagrantes incumplimientos de obligaciones internacionales, por el derrotismo, por un jugar con fuego por parte de los Estados que amenaza ahora con quemarnos a todos e incendiar el futuro de generaciones”.
Entre esos “depredadores y mantones” a los presidentes de Estados Unidos y Rusia Donald Trump y Vladimir Putin, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
“Amnistía Internacional documentó en 2025 un panorama generalizado de violaciones de derechos humanos cometidas por gobierno y otros agentes, ausencia de rendición de cuentas e injusticias sistémicas”, escenarios que en muchos casos se han detectado también en 2026, sostuvo el informe.
En el caso de México, la organización internacional alertó que mientras se incrementó en 10.5% las desapariciones, la violencia contra las personas buscadoras también creció, al registrarse seis asesinatos en el año, de las cuales cuatro eran mujeres y dos hombres.
En el informe se resaltó que el Comité contra la Discriminación y todas las formas de Violencia contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), recomendó el año pasado reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos, pues fue la respuesta deficiente de las autoridades llevó a “familiares de las personas desaparecidas -en su mayoría mueres organizadas en colectivos realizaron labores de búsqueda por su cuenta y encontraron cientos de ellos calcinados, y fosas clandestinas”.
La organización apuntó que el año pasado no se actualizó el registro de fosas clandestinas, sin embargo. los colectivos de personas buscadoras encontraron fosas en al menos diez estados, siendo uno de ellos Jalisco, donde el colectivo de Guerreros Buscadores encontró restos óseos en el rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán, punto de partida para reformas a la legislación en la materia.
Desde el punto de vista de Amnistía Internacional “la reforma se centraba en el cruce masivo de datos”, pero “no combatía la impunidad ni reforzaba las fiscalías o el Centro Nacional de Identificación Humanas con el fin de reducir el rezago forense”, que mantiene sin identificar en las morgues oficiales 73 mil 100 cadáveres sin identificar en el país.
El documento recordó que hasta ahora y a pesar de un amparo tramitado por padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “el Ejército continuó negando a los familiares información, que podría servir para acceder a la verdad y la justicia.
Sobre los derechos de las mujeres, explicó que hasta noviembre de 2025 las fiscalías tenían acumulados 2 mil 589 expedientes de investigación sobre asesinatos e mujeres, de los cuales sólo 672 estaban tipificados como posibles feminicidios, lo que refleja “una disminución del 24.16% y 21.2% respectivamente, en comparación con 2024.
A esas cifras, la organización añadió que “las autoridades registraron durante el año 3 mil 637 casos de mujeres desaparecidas, de las cuales mil 745 correspondía a menores de 19 años”, lo que significaban un aumento de 11.5% y el 29.4%, respectivamente, en comparación con 2024.
En su informe, Amnistía retomó la preocupación del comité CEDAW “por el aumento de la violencia de género cometida por actores estatales y no estatales, incluidas organizaciones delictivas, así como respecto al aumento de la participación militar en la seguridad pública, entre otras esferas, que había dado lugar a un incremento de las denuncias de violencia de género cometidas contra mujeres por militares”.
De acuerdo a lo documentado por Amnistía Internacional durante 2025 y transfeminicidios, sumando 17 en el año.
La organización resaltó que México continúa ocupando el segundo lugar a nivel mundial entre los países con mayores asesinatos a defensores a derechos humanos, con 30 casos en 2023, 32 en 2024, de acuerdo a Front Line Defenders, mientras que el registro del Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó 25 agresiones letales a defensores medioambientales en 2024 y 19 en 2023.
Como uno de los casos más significativos resaltó las agresiones a la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, de Chiapas, organización que registró en 11 meses 51 incidentes previos a asalto al domicilio de su directora Dora Rboledo, ocurrido en junio.
En materia de libertad de expresión, Amnistía Internacional retomó la calificación de nuestro país como uno de los “más peligrosos para ejercer el periodismo”, de Reporteros Sin Fronteras, así como el registro de siete periodistas asesinados por su labor informativa de Artículo 19.
Asimismo, se resaltó que entre enero y julio del año pasado se registraron 51 casos e a coso judicial contra el gremio periodístico, afectando a 39 profesionales y 12 medios de comunicación, “cifra que más que duplicaba la del año anterior”, que fue de 21.
En cuanto al derecho a la protesta, la organización documentó que en 14 entidades se registraron actos de represión, como los actos ocurridos en Puebla, en agosto y septiembre, en que policía local reprimió a mujeres.
La organización documentó que las autoridades mexicanas siguen si reconocer los derechos de las personas migrantes, mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados “recibió más de 58 mil 800 solicitudes de asilo durante el año”, la mayoría de las peticiones correspondía a 28 mil 700 personas originarias de Cuba, 12 mil 100 de Venezuela y más de 7 mil de Haití.
Al señalar que en febrero del año pasado México envió a 10 mil agentes de la Guardia Nacional militarizada a la frontera con Estados Unidos, alertó que “las autoridades mexicanas, miembros de grupos delictivos o personas no identificadas continuaron obligando a las personas migrantes y refugiadas que cruzaban México a pagar -de manera ilegal- en los controles migratorios que se establecían en carreteras de todo el país”.
Amnistía Internacional integró en su informe un reporte del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana sobre el aumento del 129% del desplazamiento forzado interno en 2024 con respecto a 2023, al pasar de 12 mil 623 personas a 28 mil 900.
“El 70% de los desplazamientos estaban relacionados con la violencia, mientras que el 20% respondían a causas sociales o desastres naturales. La mayoría de ellos habían tenido lugar en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero; tan sólo en Chiapas se habían registrado 17 mil 860 personas desplazadas”, resaltó el documento.
En su recuento de la situación de derechos humanos, Amnistía Internacional se refirió a la militarización de la Guardia Nacional, a la elección de 881 cargos del poder judicial federal y casi 2 mil en 18 estados, comicios llevados a cabo el 1 de junio a los que sólo asistieron el 13% del electorado, mientas que el 22% de los votos fueron nulo o estaban incompletos, en tanto que la Organización de Estados Americanos (OEA), documentó que los nueve candidatos más votados para la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgieron de “acordeones” distribuidos por “partidos políticos y estructuras de gobiernos locales antes de la elección”..
“No estamos en un ‘periodo difícil’ más. Estamos en el momento preciso en que todo lo construido en los últimos 80 años corre el riesgo de desmoronarse”, alertó Agnes Calamard, secretaria general de Amnistía Internacional en el prefacio del informe, que considera la situación de derechos humanos en más de un centenar de países de América, Europa, Asia y África.
Con información de Proceso
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