Proceso judicial bajo la lupa
Ricardo Mendoza Cerón, exjefe del Departamento de Despacho del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, derivados del descarrilamiento fatal del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca. El siniestro dejó 14 personas muertas y decenas de heridos, convirtiéndose en uno de los accidentes ferroviarios más graves del proyecto.
La detención se realizó el 27 de enero de 2026, con base en una orden emitida por la jueza federal Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, dentro de la causa penal 7/2026. La Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que el imputado se encontraba “ilocalizable” y que existía un “alto riesgo de fuga”.
¿Riesgo de fuga o fallas administrativas?
La versión oficial fue rechazada por Mariana Mondragón Sánchez, esposa del acusado, quien asegura que su marido nunca intentó evadir a la justicia. De acuerdo con su testimonio, Mendoza Cerón compareció en al menos tres ocasiones ante distintas autoridades: la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), la FGR en Matías Romero, Oaxaca, y la FGR en la Ciudad de México.
Documentos de la orden de aprehensión señalan “inconsistencias graves” en la localización de sus domicilios en Coatzacoalcos, Veracruz. Sin embargo, su esposa explica que Ricardo llevaba apenas siete meses trabajando en el FIT y que su residencia principal seguía siendo Guadalajara, mientras que en Veracruz habitaba un departamento temporal.
Cambio de agencia y dudas legales
Otro elemento que genera incertidumbre es la sustitución de la ARTF por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), creada el 13 de enero por decreto presidencial, dos semanas después del accidente. La familia teme que la primera declaración rendida por Mendoza Cerón quede sin validez legal.
Además, la defensa señala como indicio relevante que el funcionario fue detenido cuando se dirigía a trabajar, vistiendo lo que aparenta ser su uniforme, lo que —según su esposa— contradice la narrativa de una posible fuga.
La acusación por omisión
La FGR sostiene que el descarrilamiento se debió a un exceso de velocidad: el tren circulaba a 65 km/h en un tramo limitado a 50 km/h, según datos de la “caja negra”. La fiscal Ernestina Godoy informó que no se detectaron fallas mecánicas ni de infraestructura, por lo que la responsabilidad recaería en la operación del tren.
La acusación contra Mendoza Cerón se centra en que, al viajar en la cabina como supervisor, no accionó el freno de emergencia pese a detectar el exceso de velocidad. No obstante, un audio enviado a su esposa el día de su detención plantea dudas sobre su capacidad operativa, al asegurar que no formaba parte de la tripulación ni estaba autorizado para operar controles.
Un caso que sigue abierto
La empresa ferroviaria, que inicialmente habría prometido apoyo legal, dejó de responder a la familia. Mendoza Cerón permanece en prisión preventiva en el penal de “El Amate”, en Cintalapa, Chiapas, donde también se encuentra detenido el conductor del tren.
El proceso judicial continúa mientras crecen las preguntas sobre posibles responsabilidades jerárquicas y fallas institucionales. De ser hallado culpable, el exfuncionario podría enfrentar una pena de entre cinco y 20 años de prisión, en un caso que sigue sacudiendo al proyecto emblemático del Tren Interoceánico.
Fuente: Animal Político
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