La jueza Quinto de Distrito en Morelos con residencia en Cuernavaca, Martha Eugenia Magaña López, otorgó una suspensión en contra del dictamen de la Reforma al Poder Judicial, con la finalidad de que no se discuta en el Pleno de San Lázaro este 1 de septiembre.
En un hecho inédito y en suspensión de labores, un juez de distrito otorga una suspensión para que la Cámara de Diputados no pueda discutir la reforma al Poder Judicial, que inicia mañana en ese pleno.
A ver las reacciones. En un momento más información. pic.twitter.com/ytuqsdj5nT
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 31, 2024
La jueza, en un hecho inédito y en suspensión de actividades, otorgó una suspensión que impide a la Cámara de Diputados discutir el dictamen de reforma constitucional y por tanto aprobarlo.
De acuerdo con la resolución, la jueza atendió la solicitud de amparo respecto a la vulnerabilidad de los trabajadores.
Estableció que los servidores públicos, al no tener estabilidad en el empleo cuando fueran sujetos a un procedimiento de responsabilidad que pudiera dar lugar a su cese, estaban legitimados para promover el juicio de amparo desde el inicio del procedimiento, porque de emitirse la resolución de conclusión del encargo, aún cuando se determinara que existieron violaciones procesales o vicios de fondo, no sería factible restituirlos en su empleo, cargo o comisión, por lo que se buscó proteger en cierta forma su permanencia en el empleo.
La suspensión se da previo a que la reforma al sector sea aprobada, pues al convertirse en Constitucional, aunque se confirmaran vicios o violaciones procesales, sería inatacable.
“Si a los quejosos se les pretende cesar de sus cargos de Jueces federales sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna, bastando para ello reformar el texto de la Constitución, es claro que la suspensión debe otorgarse para efecto de que el acto que reclaman no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse seria inatacable”, apuntó.
Lo anterior, debido a que de negarse la suspensión, al momento de materializarse la reforma constitucional y cumplidos los plazos de la misma, los peticionarios quedarían en estado de indefensión si eventualmente fueran separados de sus cargos, además de que sería imposible restituirlos en el goce de sus derechos.
También se dio a conocer otro recurso de amparo, interpuesto por jueces para una suspensión temporal que solicita que, de aprobarse la reforma judicial en el Congreso de la Unión, no se pueda discutir ni aprobar en los Congresos locales, ya que al ser reforma constituciona la tienen que aprobar 17 de ellos, lo que Morena ya tiene en la bolsa, hasta que se resuelva una suspensión definitiva.
“Resulta procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, a fin de que las autoridades responsables que constituyen el Congreso de la Unión, esto es, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en el ámbito de sus respectivas competencias, continúen con el proceso legislativo y en el caso de la eventual aprobación del decreto de reforma constitucional que constituye la raíz del acto reclamado, se abstengan de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente, hasta en tanto, se resuelva la suspensión definitiva”, dicta la resolución.
Las reformas propuestas por el presidente López Obrador han sido criticadas por organismos internacionales quienes coinciden en el riesgo de impulsar propuestas como la Reforma al Poder Judicial.
La serie de cambios en la Constitución mexicana propuestos para modificar el Poder Judicial y desaparecer el organismo de transparencia, que socavarían la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas, deberían ser rechazados por los legisladores mexicanos en el Congreso, señaló Human Rights Watch (HRW).
La organización expresó su preocupación especialmente por las reformas al Poder Judicial, las que eliminan al Instituto Nacional de Transparencia, el acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), la que amplía la prisión preventiva oficiosa y la que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares, y eliminarían salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos”, señaló en un comunicado Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
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