Luego de la ocupación de tres tramos de vías ferroviarias de Grupo México por el Gobierno mexicano, la compañía informó este domingo que buscará una solución legal y viable, ya que podría signifcar el deterioro de la empresa y del libre mercado.
De no llegar a un acuerdo en la negociación, la ocupación temporal se convertirá en definitiva, en deterioro de la empresa, sus empleados, clientes, y del libre mercado”, señaló la compañía en un comunicado.
Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que declara de utilidad pública tres tramos por más de 120 kilómetros, propiedad de Grupo México, y los cede a la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Grupo México confirmó que las negociaciones se mantiene con autoridades del Gobierno por la concesión del tramo ferroviario que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas, en el sureño estado mexicano de Veracruz.
La empresa del magnate mexicano Germán Larrea también informó que se tenía firmado un acuerdo desde principios de 2022 que estimaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa, que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con Grupo México, este desarrollo se inició “de inmediato”, lo que efectuó gastos “por varios cientos de millones de pesos”, aunque detalló que el costo total del proyecto sería solventado mediante la aplicación de las regalías que paga la empresa año con año.
“Lamentablemente, el acuerdo fue desechado por el Gobierno meses después”, explicó.
Sin embargo, la compañía señaló que sigue en la búsqueda de un nuevo acuerdo con el Gobierno mexicano en el que atiendan todas sus preocupaciones.
Ello, con la salvedad de que Grupo México Transportes falte a sus obligaciones fiduciarias con sus accionistas ni afecte a sus clientes y empleados.
Actualmente, la negociación enfrenta una circunstancia difícil ante la publicación del decreto de ocupación y la intervención de personal armado en sus instalaciones”, abundó.
En su comunicado, la empresa mexicana sostuvo que parte de sus alegatos ante la toma de sus instalaciones ha sido que la empresa ferroviaria estatal ya contaba con el derecho de paso.
Sin embargo, precisó que “la insistencia del Gobierno en que la Secretaría de Marina disponga de la concesión implica que esa dependencia sea responsable del cuidado y la operación de la vía y de los patios”.
Así como que garantice en todo momento las condiciones indispensables de máxima seguridad requeridas para el movimiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, entre otros productos.
Grupo México insistió que, en medio de estas negociaciones, resultó “sorpresiva a inusitada a acción militar que ejecutó personal de la Marina el pasado viernes”.
Además, adelantó que la compañía seguirá analizando los alcances y efectos del decreto de ocupación, a fin de determinar las acciones que deba emprender en su defensa.
Además, aclaró que, a pesar de la ocupación de sus instalaciones, la empresa seguirá acudiendo de buena fe a la negociación en busca de un buen acuerdo para ambas partes.
Así como que mantendrá el servicio de calidad a sus clientes, mientras el Gobierno mexicano “le permita operar sus trenes y mantener la vía y toda la infraestructura ferroviaria en condiciones óptimas de seguridad y tráfico”.
Ayer, el empresariado mexicano externó una “profunda inquietud” por el futuro de la inversión en México, tras la publicación del mencionado decreto presidencial que provocó la toma de instalaciones ferroviarias del sector privado en el Istmo de Tehuantepec, sureste de México.
Más allá de la controvertida legalidad de dicho decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos, en un momento de grandes oportunidades”, expresó en un comunicado el Consejo coordinador Empresarial (CCE).
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