La reforma a la Ley de Amparo, recién aprobada por el Congreso, vulnera los derechos humanos y violenta instrumentos internacionales firmados por México, advirtió la Cámara de Comercio Internacional (International Chamber of Commerce, ICC).
“(La aprobación de la reforma) reducirá en forma importante la vigencia y eficacia de derechos humanos frente a actos presuntamente arbitrarios de las autoridades”, señaló en un comunicado.
Asimismo, indicó que contraviene instrumentos internacionales a los que México se ha adherido, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada ‘Pacto de San José’ y firmada en 1968 en Costa Rica para tutelar las “debidas garantías” judiciales.
La cámara reaccionó después de que el Congreso avaló la semana pasada cambios legales a la Ley de Amparo para prohibir que jueces otorguen suspensiones generales a leyes, normas, construcción de obras o actos de autoridades que pudieran tener una repercusión social, económica o violentar derechos humanos.
La oposición en México advirtió que, una vez se promulgue la reforma, acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer acciones de inconstitucionalidad y que sea el alto tribunal quien defina el uso de las suspensiones generales mediante amparos judiciales.
En este sentido, la ICC México pidió al Supremo mexicano que, “una vez que lleguen a su ámbito las acciones de inconstitucionalidad de esta reforma, vele por la seguridad jurídica de las y los mexicanos y del ecosistema económico-financiero del país”.
“Tenemos la convicción que el máximo tribunal de México velará por la defensa de la Constitución y los tratados internacionales y pondrá un alto a esta reforma que afecta, principalmente, a las personas que menos tienen”, manifestó.
La organización explicó que para que una suspensión pueda cumplirse y se preserve la materia del juicio de amparo es necesario que no solo se suspenda la aplicación de una norma o acto a quien promueve el juicio, sino que sea de forma general.
“Esta posibilidad, además, beneficia a las personas que se ven afectadas por el acto de autoridad, pero no tienen los medios para promover un juicio de amparo”, abundó.
La ICC México denunció que la finalidad de la reforma es “atar de manos a los jueces para que ellos ya no sean quienes determinen cuál debe ser el alcance de la suspensión y cuándo hay una afectación del orden público y cuándo no, y que sea el legislativo quien lo decida; de manera que dicho poder se convierta en juez y parte”.
Hasta ahora, los jueces mexicanos tenían la facultad de determinar en cada caso si la suspensión debe ser particular o general, lo que afectó a reformas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en particular de energía, y la construcción de obras, como el Tren Maya.
Con información de EFE
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