La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes el envío al Senado de su propuesta de “Plan B” en materia electoral, luego de que su reforma constitucional no fuera aprobada en la Cámara de Diputados; el proyecto plantea permitir la revocación de mandato en 2027 o 2028 y modificar reglas del sistema electoral, con el argumento de reducir costos y ajustar la organización de elecciones.
La mandataria informó en conferencia de prensa que la iniciativa fue remitida al Senado el mismo día y que incluye ajustes a la revocación de mandato para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año del sexenio. De aprobarse, el ejercicio podría llevarse a cabo en 2027 o 2028, dependiendo de lo que determine la legislación secundaria y las decisiones de futuras administraciones.
Sheinbaum sostuvo que insistirá en reducir el gasto electoral, particularmente en lo relacionado con partidos políticos, órganos electorales y figuras como las diputaciones plurinominales. Estas declaraciones forman parte de su postura política tras el rechazo legislativo previo, sin que hasta ahora exista un nuevo consenso entre fuerzas parlamentarias.
Revocación y elección judicial
El planteamiento permitiría que la titular del Ejecutivo federal se someta a un proceso de revocación en 2027, lo que abriría un periodo de campaña previo de hasta 60 días para promover la continuidad de su gobierno, conforme a las reglas actuales de ese mecanismo.
Además, la propuesta contempla modificaciones relacionadas con la elección judicial, con la intención de que este proceso se realice en 2027. Sin embargo, los detalles operativos de esta elección no fueron completamente precisados en el anuncio público.
Cambios a la ley electoral
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la iniciativa propone modificar 12 artículos de la legislación electoral secundaria. Entre los puntos incluidos se encuentran topes a las remuneraciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), en organismos públicos locales electorales y en tribunales electorales estatales.
También se plantea que los cómputos electorales inicien con la recepción del primer paquete electoral, tanto en elecciones federales como locales, así como la implementación de tecnologías para la fiscalización de recursos y la obligación de los partidos de reportar operaciones financieras en tiempo real mediante sistemas bancarios.
El proyecto incluye la prohibición del uso de recursos ilícitos, financiamiento extranjero y aportaciones en efectivo, además de establecer límites salariales de hasta mil 500 unidades de medida para funcionarios electorales.
Contexto legislativo
El envío de este “Plan B” ocurre después de que la propuesta de reforma constitucional en materia electoral no alcanzara los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Ese intento formaba parte de una agenda más amplia de cambios estructurales al sistema electoral, algunos de los cuales generaron oposición por posibles impactos en la autonomía del INE.
A diferencia de una reforma constitucional, las modificaciones a leyes secundarias requieren mayoría simple en el Congreso, lo que abre un escenario distinto para su eventual aprobación. No obstante, especialistas y actores políticos han señalado que algunos cambios podrían enfrentar impugnaciones legales si se consideran contrarios a la Constitución.
El Senado deberá discutir la iniciativa en comisiones y, en su caso, someterla a votación en el pleno.
Fuente: Expansión
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