Iniciadas las campañas electorales, que concluirán el 29 de mayo, el Observatorio Ciudadano reporta los puntos que consideramos de mayor relevancia para la integridad del proceso electoral y la jornada del domingo 2 de junio, día en que casi 100 millones de mexicanas y mexicanos tenemos la obligación y el derecho de acudir a las urnas.
1. La violencia criminal es el mayor riesgo para la seguridad de las candidatas y los candidatos y para el desarrollo normal de las campañas. Es indispensable que las autoridades de seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno coordinen su acción y garanticen la protección de quienes participan, directa o indirectamente, en el proceso y las campañas electorales.
2. Las autoridades electorales no son responsables de la seguridad pública. Sí lo son de propiciar la cooperación y comunicación que asegure la protección de candidatas, candidatos y sus equipos de campaña, así como del personal electoral que se encuentra desplegado para seleccionar y capacitar a quienes recibirán y contarán los votos el domingo 2 de junio. Es necesario que, en la Mesa de Seguridad Interinstitucional, tanto nacional como en las 32 entidades federativas, participen representantes de los partidos políticos.
3. La fiscalización del gasto de campañas, para verificar su apego a la ley, es un componente central de la integridad electoral. El INE ha mostrado debilidades preocupantes en este ámbito, a la par que la presión de los partidos políticos para eludir o evitar ser fiscalizados y sancionados se realiza de manera casi abierta. Es responsabilidad ineludible de la consejera presidenta y de los 10 consejeros y consejeras electorales garantizar a la ciudadanía que la ley será el marco en el que tendrán lugar las campañas electorales y que los partidos, candidatos y candidatas usarán solamente recursos permitidos por la propia ley.
4. Quienes elaboran y difunden encuestas electorales tienen la obligación de entregar un reporte completo de cada encuesta al INE, quien debe hacer públicos, de inmediato, esos reportes, a fin de que cualquier persona interesada pueda verificar el respeto a las normas científicas, así como el monto y origen de los recursos para pagar a las casas encuestadoras.
5. El principio de máxima transparencia es uno de los que rigen a las autoridades electorales. Su cumplimiento por el INE, el TEPJF, los institutos y tribunales locales, es condición indispensable para que la ciudadanía disponga de información que le permita participar y decidir su voto de manera libre.
6. Persisten condiciones anómalas en la integración y funcionamiento de las autoridades electorales. En el INE la Secretaría Ejecutiva, varias direcciones ejecutivas y unidades técnicas, funcionan teniendo al frente encargados de despacho. En la Sala Superior persisten las vacantes de dos magistraturas, en tanto que las salas regionales y los tribunales locales padecen similar -o peor- situación. Exigimos a los senadores de Morena, PT y PVEM acatar la Constitución y permitir la elección de quienes ocupen esos cargos.
7. Las diferencias de criterios y opiniones dentro de las instituciones electorales deben procesarse y dirimirse en los cauces y con los límites establecidos en la Constitución y la ley. Es crucial para la integridad electoral que consejeras y consejeros, magistradas y magistrados, en el INE y el TEPJF, pongan por encima de sus diferencias el valor superior que la ley tutela: la libertad, autenticidad y respeto al voto ciudadano.
8. La ilegal utilización de los programas sociales, federales, estatales y municipales, para coaccionar o comprar el voto es una de las mayores amenazas a la integridad de este proceso electoral. Hacemos un llamado a sus beneficiarios para rechazar y denunciar cualquier presión, intimidación o condicionamiento que reciban de cualquier autoridad o persona, y pedimos al INE difundir mensajes en TV y radio para orientar a los ciudadanos en este tema. Exigimos a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno suspender de inmediato toda acción no urgente relacionada con los programas sociales y sus beneficiarios, así como poner en receso inmediato a los llamados “Servidores de la Nación”, que deben cancelar sus actividades hasta que concluya la jornada electoral del domingo 2 de junio.
9. Los partidos políticos, coaliciones, candidatas y candidatos, están obligados a desarrollar sus actividades de campaña dentro de la ley. La sociedad enfrenta enormes problemas que afectan la vida diaria. La inseguridad es hoy el mayor de esos problemas. Evitar la calumnia, el discurso de odio, la violencia contra las mujeres, la polarización, la mentira y la descalificación del adversario, es conducta requerida para que la democracia exista.
10. Pese a la Constitución y las leyes, pasando por encima de acuerdos y sentencias, el presidente de México persiste en entrometerse en el proceso electoral para favorecer a su partido y a sus candidatos. La neutralidad electoral de los servidores públicos no es optativa, es una obligación constitucional. Nuevamente exigimos al presidente, a los gobernadores, presidentes municipales, y a todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y poderes públicos, cumplir con el mandato constitucional.
POR LA DEMOCRACIA, LA INTEGRIDAD DEL PROCESO ELECTORAL Y EL RESPETO AL VOTO
OBSERVATORIO CIUDADANO
Jorge Alcocer V.
Elba M. Arjona Ortiz
Rosa María Cano
Morelos Canseco Gómez
Jaime Cárdenas
José Ramón Cossío Díaz
Carlos A. Flores Vargas
Karolina Mónica Gilas
María Marván Laborde
Rodrigo Alfonso Morales Manzanares
Arturo Núñez Jiménez
José de Jesús Orozco Henríquez
Pedro Salazar Ugarte
Paula Sofía Vásquez
Alejandra Tello Mendoza
Diego Valadés
José Luis Vázquez Alfaro
Adrián Villegas
Alma R. Zamora Fernández
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