El Senado de la República avaló la reforma constitucional en donde se detalla que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) dejarán de ser “empresas productivas” para ser consideradas como “empresas públicas del Estado”.
✅ Con 86 votos a favor y 39 en contra, se aprueba en lo particular y los artículos reservados, en los términos del dictamen que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas.
— Senado de México (@senadomexicano) October 17, 2024
El dictamen fue aprobado en lo general con 86 votos a favor de senadores de Morena, PVEM, PT y uno de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; 39 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como una abstención de la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano.
En lo particular, senadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar los tres artículos del dictamen, pero no fueron aceptadas por la asamblea y los artículos reservados fueron aprobados en sus términos con 86 votos a favor y 39 en contra.
De esta manera, la reforma alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación en el Senado, por lo que fue enviada a las legislaturas estatales para su consideración.
Con los cambios, se destaca en el dictamen, se elimina el concepto de “empresas productivas del Estado”, incorporado al texto constitucional por recomendaciones de organismos financieros internacionales, lo que desnaturalizó la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad y lo redujo a la mera obtención de utilidades.
Dicho concepto se reemplaza por el de “empresas públicas del Estado”, con lo que se devuelve a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad su carácter público para cumplir con su responsabilidad social.
La reforma establece que serán las leyes las que definirán cómo los actores privados podrán participar en la industria eléctrica, pero aclara que en ningún caso dichas actividades tendrán prioridad sobre la empresa pública del Estado, cuya misión principal es cumplir con su responsabilidad social y asegurar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad para toda la población.
Además, plantea que no se considerarán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en sectores estratégicos como el servicio de Internet que éste provea, así como la planificación y control del sistema eléctrico nacional.
Con información de López-Dóriga Digital
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