Las acusaciones de huachicol fiscal y narcotráfico contra figuras de Morena representan un problema que impacta directamente en su principal bandera política: el combate a la corrupción.
Al tratarse de delitos asociados a redes criminales y evasión fiscal a gran escala, el costo político puede ser significativo, sobre todo en un entorno donde la percepción de integridad influye en el voto ciudadano.
Señalamientos por narcotráfico desgastan la imagen del partido
Diversos políticos de Morena han sido mencionados en investigaciones o versiones periodísticas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre ellos destacan Alfredo Ramírez Bedolla, Américo Villarreal e incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque en varios casos no existen acusaciones formales, los señalamientos han generado desgaste político.
El caso más reciente involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, donde incluso se ha planteado la posibilidad de solicitar su extradición.
De acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, Rocha Moya y otros funcionarios habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
Otros nombres en la lista de controversias
Además del caso en Sinaloa, otros perfiles de Morena han sido señalados en distintos contextos. Se menciona al expresidente López Obrador por presuntas investigaciones de la DEA relacionadas con su campaña de 2006, según reportes de medios estadounidenses.
También figura Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, quien perdió su visa estadounidense, aunque sin investigaciones formales en su contra.
Otros casos incluyen a Diego Rivera, alcalde de Tequila detenido por presuntos nexos con el CJNG; Américo Villarreal, acusado de financiamiento ilícito en campaña; y Alfredo Ramírez Bedolla, vinculado en versiones periodísticas a grupos criminales sin imputaciones oficiales.
Huachicol fiscal pone en entredicho el discurso anticorrupción
El tema del huachicol fiscal ha intensificado las críticas hacia Morena, al contradecir su narrativa de combate a la corrupción.
Uno de los casos recientes surge tras declaraciones del diputado Mario López Hernández, quien habló de una red de contrabando de combustibles que involucraría a Mario Delgado y Américo Villarreal.
Ambos han sido relacionados públicamente con Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”, presunto financista de campañas políticas en el noreste del país.
Más figuras bajo sospecha en redes de contrabando
Entre otros nombres señalados se encuentra Adán Augusto, por presuntos vínculos con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco.
También han sido mencionados los hijos del expresidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, en investigaciones periodísticas que fueron rechazadas por la actual presidenta Claudia Sheinbaum.
Se suman los casos de los hermanos Farías Laguna, vinculados a redes de huachicol fiscal, así como Daniel Asaf, exintegrante de la ayudantía presidencial, y Ricardo Peralta, exdirector de aduanas, señalado por presuntas irregularidades en la importación de combustible.
Más allá de la veracidad de cada acusación, el impacto en la opinión pública es tangible y representa un reto político para Morena, cuya identidad ha estado ligada al combate a la corrupción.
Fuente: Político mx
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