CANCÚN, Quintana Roo, 28 de julio. – El Observatorio Legislativo convocó a que se nombre el 27 de julio, como el Día de La Impunidad e Injusticia en el estado, luego de que el Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo otorgara un amparo a Kamel Nacif quién fuera acusado del delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.
El Observatorio Legislativo de Quintana Roo, señaló que el amparo otorgado a Kamel Nacif un terrible mensaje de desaliento a la búsqueda de justicia y deja en la indefensión a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
La asociación criticaron que las magistradas Selina Hayde Avante y Graciela Bonilla González votaran a favor del amparo en revisión 143/2021, promovido por el empresario José Kamel Nacif Borge qué prácticamente lo deja libre de responsabilidad por el delito de tortura.
“Sabemos que hay muchos casos de impunidad e injusticia, pero con este cínico manejo de una sentencia judicial, no hay muchos, Porque el daño hecho por estas magistradas puede ser exponencial el mensaje que han enviado con este acuerdo las magistradas y el aparato judicial entero, a las víctimas no solo de este proceso, sino de todos los afectados en sus Derechos Humanos, es desalentador y terrible”, reprocha la asociación.
Y es que para el Observatorio, los argumentos “jurídicos” que se presentaron en la ponencia son frívolos y de gran ligereza, por lo que señalaron que se puede dar inicio a presentar los proyectos de sentencia sin bases jurídicas argumentativas.
Y citaron por ejemplo: “La afirmación de que se le dio “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona” es una afirmación “vaga y genérica” y que no se refiere en ningún momento a la persona de Lydia Cacho, que pudo haber sido a cualquier otra mujer de edad avanzada.
Y otro de los argumentos en la ponencia fue que no existe alguna evidencia “escrita” de algunas indicaciones para que se torturara a la demandante de manera directa.
Destacaron que lo más grave de esta resolución – que es irreversible- es que además da oportunidad a que todo el proceso de este caso, en donde se encuentra la situación del exgobernador Mario Marín, se conduzca en esa dirección de impunidad.
Por último precisaron que esta resolución establece razonamientos para que otras denuncias por tortura- se vean indefendibles con los argumentos de que no existen pruebas físicas de las instrucciones para cometer tales actos.
