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jueves, mayo 2, 2024

ANA PATY, ATENEA Y BLANCA PROTEGEN A AGUAKÁN | Se “amparan” Ayuntamientos para no vincular resultados de la consulta popular

FELIPE CARRILLO PUERTO, Quintana Roo, 03 de enero. – Las presidentas municipales de Isla Mujere, la ex panista Atenea Gómez Ricalde; de Benito Juárez (Cancún) Ana Paty Peralta de la Peña, y de Puerto Morelos, Blanca Merari Dziu ingresaron recursos para evitar que los resultados de la Consulta Popular contra Aguakán sean vinculados para rescindir la concesión, confirmó la Secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez.

Aunque la consulta popular fue promovida por Morena, los Ayuntamientos de Benito Juárez (Cancún) y Puerto Morelos, ambos gobernados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como en Isla Mujeres donde preside la ex panista Atenea Gómez Ricalde, interpusieron un recurso ante el Tribunal de Contencioso Administrativo para trata de revertir los efectos de la Consulta Popular, donde más de 60 por ciento de la población se dijo inconforme con el servicio de agua potable.

Cuestionada sobre la posibilidad de indemnizar a la concesionaria, Cristina Torres puntualizó que el ejercicio se realizó sin contemplar los efectos legales que tendría la concesionaria en dichos tribunales.

Por lo que se tendrá que buscar las herramientas jurídicas, “para ver si desde el punto de vista administrativo, es viable la aplicación de los efectos de la consulta”. Mientras el Gobierno del estado, está a la espera de dicho resolutivo.

Y subrayó, “es decir, nosotros estamos listos para actuar: Uno, por si se detienen a los efectos de la consulta por orden del Tribunal; o se implementan los procedimientos de la consulta paulatinamente, a través de la reversión en los Ayuntamientos donde resultó el cese de la operación a Aguakán”.

Recordó que el ejercicio realizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) a propuesta de la senadora de Morena, Marybel Villegas Canché, en los municipios de Solidaridad, Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos, tuvo un costo aproximado a los 10 millones de pesos.

Sin embargo, insistió en que todo depende del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para determinar si se revierte o no los resultados de la consulta ciudadana, por lo que cada vez es más lejana la posibilidad de rescindir el contrato a la empresa Aguakan.

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