Marco Barragán
CHETUMAL, Quintana Roo, 05 de octubre.— A casi un año de que el caso Xibalbá sacudiera a decenas de familias en Chetumal, las víctimas del falso crematorio de mascotas continúan enfrentando un largo proceso para obtener justicia y la reparación del daño.
Cerca de 60 casos han sido judicializados por los delitos de fraude y usurpación de profesión, de más de 300 denuncias presentadas contra Guillermo Alejandro “N” y Brizeidy “N”, informó Rafael Rivero Aburto, presidente de Toda Vida es Importante A.C. y abogado de las víctimas.
El caso generó indignación entre propietarios de animales de compañía que habían contratado servicios de cremación bajo la creencia de que recibirían las cenizas de sus mascotas. Para las familias afectadas, el proceso no se ha limitado a la pérdida económica, pues también ha significado afrontar nuevamente el duelo por sus animales y, posteriormente, acudir ante las autoridades para denunciar y dar seguimiento a sus expedientes.
A 30 días de cumplirse un año del caso, Rivero Aburto señaló que el camino judicial ha sido prolongado. Cerca de 40 carpetas de investigación se encuentran pendientes de judicialización, mientras que más de 200 denuncias continúan en diferentes etapas del procedimiento, según explicó.
De los asuntos que han avanzado, dos ya se encuentran en etapa de sentencia, luego de que no se alcanzara un acuerdo entre los señalados como responsables y las víctimas.
“Estamos agotando todas las etapas y muchas ya estamos en la etapa intermedia. Esto qué significa: que ya el juez le da la oportunidad a la víctima y a los presuntos responsables de poder llegar a un arreglo. Ya dependerá de la víctima si quiere que le hagan la reparación del daño y el pago moral para que ellos se queden totalmente satisfechos”, explicó.
El abogado precisó que al menos nueve de cada 10 personas han manifestado su intención de que el procedimiento continúe hasta que exista una sentencia. Sin embargo, reconoció que algunas podrían desistir ante el desgaste que representa mantener abierto un proceso que se ha prolongado durante meses.
Además del tiempo transcurrido, las víctimas deben atender diligencias y acudir cuando son requeridas por las autoridades, situación que se suma al impacto emocional que, de acuerdo con Rivero Aburto, provocó el caso. Algunas de las personas afectadas incluso recibieron atención psicológica.
Para varias familias, el procedimiento judicial comenzó después de haber atravesado la muerte de sus animales de compañía, contratar un servicio para despedirlos y posteriormente enfrentarse a la investigación sobre el destino que habrían tenido sus restos.
Rivero Aburto explicó que existe la posibilidad de alcanzar acuerdos para la reparación del daño. No obstante, indicó que el incumplimiento de esos compromisos permitiría reanudar el procedimiento correspondiente.
“Entre los delitos y los montos que cobraban a las víctimas, entre cinco y seis años por víctima, entonces esto suma la cantidad que vaya a ser. Tenemos programado entre 60 y 80 años si logramos judicializar y llegar hasta la última etapa de 100 casos judicializados”, afirmó.
Respecto a Brizeidy “N”, quien obtuvo prisión domiciliaria por encontrarse en periodo de lactancia, el abogado adelantó que en los próximos días solicitarán a un juez la revisión de la medida cautelar, con el objetivo de que sea reincorporada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal una vez concluido el periodo permitido.
Indicó que cada denuncia debe ser analizada de manera individual y que el resultado dependerá de las circunstancias de cada expediente y de las determinaciones de la autoridad judicial.
Más allá del número de carpetas abiertas, Rivero Aburto sostuvo que cada víctima enfrenta una decisión personal sobre hasta dónde continuar con el procedimiento. Algunas buscan llegar hasta una sentencia, mientras que otras podrían optar por una reparación del daño que les permita cerrar un proceso que se ha extendido durante casi un año.
El caso Xibalbá mantiene así una dimensión que va más allá de las denuncias por un servicio presuntamente incumplido: detrás de cada expediente se encuentra una familia que había confiado a un establecimiento el último proceso de despedida de su animal de compañía y que ahora espera una resolución de las autoridades.
Finalmente, el abogado puntualizó que cada víctima es libre de decidir el desenlace de su caso y reconoció que continuar con las diligencias puede resultar agotador debido a los horarios de atención de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a las ocasiones en que las personas son requeridas para dar seguimiento al procedimiento.