Marco Barragán
CHETUMAL, Quintana Roo, 15 de octubre.— Wendy Hara Urbina, mamá de Alejandra Michelle Pérez Hara, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) protección para un testigo y para ella misma, así como el debido cuidado del proceso judicial tras la detención del expolicía Miguel Ángel “N”, presunto responsable del feminicidio de su hija, ocurrido en 2021.
En conferencia de prensa, denunció que, antes del inicio de las audiencias, se filtró en redes sociales material fotográfico relacionado con la detención al que únicamente tenían acceso la Fiscalía, la defensa del expolicía y ella. Explicó que, tras la primera audiencia, se estableció un plazo de seis meses para reunir las pruebas pendientes, mientras que el imputado fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva por dos años.
“La persona esta, el imputado, se va a llevar dos años de prisión preventiva y nosotros tenemos que aportar unas situaciones que nos piden, que nos dan un aproximado de seis meses, pruebas que nos hacen falta y, pues, ya pasado ese tiempo, nos vuelven a citar para la nueva audiencia”, explicó.
Señaló que la detención fue posible gracias al testimonio de una persona que presenció los hechos. Por ello, solicitó medidas de protección para el testigo, al advertir que su integridad está en riesgo y que, sin su declaración, la investigación continuaría sin avances.
Recordó que, días antes del delito, Alejandra Michelle le había expresado su interés en terminar sus estudios y comenzar a ejercitarse, además de contarle algunas experiencias escolares. Wendy Hara le respondió que la acompañaría para apoyarla y aconsejarla.
“Días antes de su asesinato, que fue un sábado, ella había platicado conmigo, me había confesado travesuras en la escuela donde ella iba, con sus compañeras y compañeros. Ya me fue platicando todo lo que había hecho en la escuela y me dijo: ‘Pero, mamá, yo quiero cambiar, quiero bajar de peso, voy a apurarme a recuperar el examen que me hace falta en la secundaria’”.
Finalmente, solicitó reforzar la vigilancia e instalar cámaras de seguridad en la zona donde ocurrió el delito, al señalar que es un punto concurrido por personas que acuden diariamente a ejercitarse y que están expuestas ante la falta de vigilancia.