HOLBOX, Quintana Roo,25 de Noviembre. –El desalojo de vendedores ambulantes en el centro de Holbox ha desatado controversia, especialmente porque los comerciantes aseguran haber cumplido con el pago de 6 mil pesos mensuales en impuestos para obtener permisos que les permiten vender sus productos en el parque principal de la isla. El desalojo, que se llevó a cabo con presuntos actos de violencia el pasado fin de semana, fue calificado como ilegal por José Cruz Reyes, presidente de la asociación civil Comerciantes y Ambulantes de Holbox.
El líder de los vendedores expresó su indignación, señalando que estas acciones fueron dirigidas por el director de Fiscalización Municipal, Manuel Canché, y el titular de SEFIPLAN, Óscar Vargas Vázquez, bajo el argumento de liberar los espacios de recreación familiar y turística en la isla. Sin embargo, los comerciantes aseguran que estas medidas afectan su sustento diario y ponen en riesgo su economía.
“Nosotros pagamos 6 mil pesos mensuales en impuestos para poder trabajar y ahora nos tratan como si no tuviéramos ningún derecho. Estas acciones de exigirnos uso de suelo equiparan nuestras obligaciones con las de negocios establecidos, cuando apenas logramos sobrevivir con nuestras ventas”, señaló Cruz Reyes.
La situación ha generado un fuerte rechazo por parte de la Sociedad Gastronómica de Holbox, conformada principalmente por pequeños y medianos restauranteros locales, quienes consideran que este tipo de operativos no solucionan los problemas de ordenamiento y afectan la imagen de la isla como destino turístico.
Ante estos hechos, los ambulantes han solicitado la intervención de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, para evitar futuros atropellos y garantizar que se respeten sus derechos.
“Exigimos justicia y un trato digno para los ambulantes de Holbox. No podemos permitir que se tomen decisiones arbitrarias que afecten nuestras fuentes de ingreso”, añadió Cruz Reyes.
Por el momento, no se han emitido declaraciones oficiales por parte de las autoridades municipales involucradas en el desalojo, mientras los comerciantes insisten en buscar diálogo para resolver el conflicto de manera pacífica y justa.