Entre los años 2023 y 2026 el gobierno federal entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) miles de hectáreas de tierras propiedad ejidal y privada para desarrollar el Tren Maya. Los terrenos pasaron al Ejército mediante declaratorias de utilidad pública y decretos de expropiación publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Con estas nuevas propiedades la Sedena amplió significativamente su patrimonio inmobiliario en el sureste mexicano. Una parte de las expropiaciones se ubica en zonas de muy alta plusvalía, como los municipios de Solidaridad, Tulum o Playa del Carmen, en Quintana Roo, donde los terrenos no solo sirven para el tendido de vías férreas, sino que también tienen potencial para futuros desarrollos comerciales y turísticos.
En el informe El negocio de la militarización: opacidad, poder y dinero, elaborado por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), detalla que la Sedena obtuvo estos terrenos mediante la publicación de más de 300 decretos expropiatorios y declaratorias de utilidad pública emitidos a favor de la empresa Tren Maya S.A. de C.V. durante las administraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Actualmente, el proyecto del Tren Maya enfrenta 51 procedimientos judiciales, entre ellos juicios de amparo y juicios de nulidad vinculados con expropiaciones, afectaciones ambientales y controversias sobre los avalúos de los terrenos afectados por el trazado de la vía.
Los litigios no han detenido la expansión de los activos militares en el país.
Sedena: el nuevo terrateniente en el sureste mexicano
El Tren Maya es un megaproyecto de infraestructura que consiste en un corredor ferroviario de aproximadamente mil 500 kilómetros. Fue presentado como uno de los proyectos más ambiciosos del sexenio de López Obrador.
La tercera edición del informe El negocio de la militarización: opacidad, poder y dinero, revela que la Sedena tiene propiedades en los cinco estados por donde pasa el Tren Maya: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
“La tierra adquirida (…) no solo cubre las necesidades operativas del ferrocarril, sino que también puede generar rendimientos futuros a través de concesiones, desarrollos comerciales en estaciones, proyectos hoteleros o la venta de derechos de uso”, señala.
El Programa Institucional del Tren Maya —una de las 25 empresas administradas por las Fuerzas Armadas— ya integra estos negocios complementarios como fuentes de ingresos para el periodo 2025-2030.
Tren Maya: conflictos legales por la expropiación de tierras
Las expropiaciones y declaratorias de utilidad pública no han estado libres de conflictos. Según la Coordinación General Jurídica y de lo Contencioso de la empresa estatal Tren Maya, actualmente el proyecto enfrenta 51 procedimientos jurisdiccionales vigentes.
Estos recursos legales incluyen amparos y juicios de nulidad por inconformidades con el impacto ambiental y los montos de indemnización fijados por el gobierno para los propietarios originales.
Según el informe, el mecanismo de expropiación garantiza que el patrimonio militar se expanda “sin que Tren Maya, S.A. de C.V. tenga que adquirir la tierra en el mercado, negociar condiciones de compra ni competir con otros actores económicos”.
Aunque el informe señala que es difícil cuantificar financieramente el valor exacto de estos bienes —debido a las complejidades de valuar tierras ejidales y al hecho de que los avalúos oficiales rara vez reflejan el valor comercial—, la conclusión es clara: la suma de estas miles de hectáreas convierte al patrimonio inmobiliario del Tren Maya en “uno de los activos no monetarios más significativos de todo el conjunto de empresas militares creadas durante la administración de López Obrador”.
Fuente: Grupo Animal
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