PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, 09 de Junio. –La Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos de Playa del Carmen ha detectado que al menos 300 negocios han sido víctimas de servicios fraudulentos por parte de empresas no autorizadas para emitir dictámenes de seguridad en instalaciones eléctricas y de gas, reveló el titular de la dependencia, Darwin Covarrubias.
En entrevista, el funcionario informó que el operativo de supervisión de establecimientos comerciales alcanza un 50% de avance. El objetivo de esta revisión es identificar riesgos potenciales y asegurar que los dictámenes de seguridad sean válidos y emitidos por empresas certificadas por el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal.
“Lamentablemente, hay empresas que están ofreciendo estos servicios sin tener la autorización correspondiente. Esto no solo afecta económicamente a los negocios, sino que pone en riesgo su seguridad y la de sus clientes”, advirtió Covarrubias.
El titular de Protección Civil hizo un llamado a los propietarios de negocios para que verifiquen que las empresas encargadas de estos dictámenes se encuentren en las listas oficiales, disponibles a través de los canales institucionales.
Asimismo, explicó que los comercios que presenten irregularidades cuentan con una tolerancia legal de cinco días para solventar las observaciones emitidas durante la inspección. En ese periodo pueden acercarse a la Secretaría para buscar una solución que les permita operar sin riesgos ni sanciones.
“No se trata de clausurar negocios de manera indiscriminada, sino de prevenir accidentes. Nuestro interés es trabajar de la mano con el sector comercial para garantizar condiciones seguras”, puntualizó.
Pese a los avances, la situación revela una problemática más profunda: la falta de vigilancia sobre las empresas que se ostentan como verificadoras, lo que genera un mercado informal que pone en jaque los esfuerzos institucionales por fortalecer la cultura de la prevención.
La autoridad municipal reiteró que continuará con las inspecciones hasta alcanzar el 100% de los negocios en el padrón, y no descartó aplicar sanciones a quienes reincidan en contratar servicios no certificados, subrayando que se trata de una corresponsabilidad entre gobierno y empresarios.