La organización Human Rights Watch (HRW) acusó que México se convirtió en el principal receptor de deportaciones de personas extranjeras realizadas por el gobierno de Donald Trump y denunció que miles de esas personas han sido abandonadas en ciudades de la frontera sur del país, sin papeles, ni acceso a refugio, vivienda, atención médica o una vía clara para regularizar su estancia.
En un informe titulado “Nos abandonan aquí a morir”, la organización internacional de derechos humanos documentó que entre enero de 2025 y marzo de 2026 Estados Unidos deportó a México a 12 mil 977 personas de terceros países —es decir, personas que no son ni estadounidenses ni mexicanas—, en el marco de acuerdos que ambos gobiernos mantienen en la opacidad.
“Nos están abandonando aquí a morir. No hay ayuda. No podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada… ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar la renta?”, relató Harold, un ciudadano cubano de 58 años deportado a México en febrero de 2026 y cuyo testimonio abre el informe.
Human Rights Watch sostiene que México concentra el 70 % de todas las deportaciones de extranjeros realizadas por Estados Unidos hacia terceros países desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Además, el organismo detectó un aumento de 42 % en el promedio mensual de deportaciones hacia territorio mexicano respecto de los 27 meses previos.
Aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado que México se haya convertido formalmente en un “tercer país seguro” —esto es, un país que recibe a personas deportadas de Estados Unidos como ‘puente’ hacia sus países de origen—, la organización considera que en la práctica está funcionando como un enorme receptor de deportados desde la Unión Americana.
La postura contrasta con la posición que durante años sostuvo el propio gobierno mexicano. En 2018, el entonces canciller Marcelo Ebrard afirmó que “México no acepta ni aceptará un tratado así”, en referencia a la posibilidad de que el país fuera un ‘tercer país seguro’.
“A pesar de las declaraciones del gobierno de Sheinbaum, México es el país que recibió el mayor número de personas deportadas de terceros países desde Estados Unidos en 2025. Desconocer esta realidad no hace al gobierno menos responsable del abandono al que expone a estas personas en ciudades con altos índices de violencia al sur del país. México debe garantizar acceso a servicios básicos para las personas deportadas y un proceso oportuno de regularización migratoria, especialmente para quienes, como los cubanos, no pueden regresar a su país”, dijo a Animal Político Alcira Hava, fellow de la División de Derechos de Refugiados y Migrantes de Human Rights Watch.
“El gobierno mexicano aceptó admitir a personas deportadas sabiendo que Cuba se había negado a permitir su retorno”, señala el documento. Sin embargo, añade, las autoridades mexicanas no les ofrecen residencia permanente ni mecanismos efectivos de integración, dejándolas atrapadas en un “limbo legal permanente”.
El grupo más afectado es el de los ciudadanos cubanos. De acuerdo con Human Rights Watch, 4 mil 353 cubanos fueron deportados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026.
Muchos de ellos llevaban décadas viviendo en Estados Unidos. Algunos habían llegado durante el éxodo del Mariel en 1980; otros ingresaron legalmente mediante programas migratorios previos. La mayoría tenía familias, trabajos y comunidades construidas en Florida y otros estados estadounidenses.
“Yo tengo 44 años en Estados Unidos ya. Fui a la escuela y seguí trabajando; no dejé de trabajar ni un solo momento”, contó Javier, un cubano de 62 años que vivía en Orlando antes de ser deportado a Villahermosa, en Tabasco.
Según el informe, durante años muchos los cubanos no fueron deportados porque el gobierno de Cuba se negaba a aceptar ciertos retornos. Eso cambió con la nueva política migratoria de Trump, enfocada en ampliar las deportaciones masivas y negociar acuerdos con terceros países para recibir migrantes expulsados.
Acuerdo no escrito permanece en la opacidad
Human Rights Watch afirma que ni Estados Unidos ni México han hecho público el acuerdo bajo el cual se realizan estas deportaciones. Sin embargo, cita documentos estadounidenses en los que el Departamento de Justicia reconoció la existencia de un “acuerdo vigente (no escrito)” con México para deportar cubanos y otros extranjeros.
Además de cuestionar la opacidad de esos mecanismos, el informe acusa violaciones al debido proceso y posibles incumplimientos del principio de no devolución, que prohíbe enviar personas a lugares donde enfrenten riesgos graves.
La organización documentó casos de personas que alertaron a las autoridades estadounidenses sobre el peligro de ser enviadas a México —incluyendo antecedentes de secuestros o asesinatos de familiares en territorio mexicano— y que aun así fueron deportadas sin una audiencia individualizada o una evaluación formal de riesgo.
“Ninguna de las personas entrevistadas (…) tuvo acceso a una entrevista o audiencia para examinar sus solicitudes de protección o para impugnar su deportación a un país que no era ni el suyo ni el designado por un juez de inmigración”, señala el documento.
Human Rights Watch también recoge testimonios sobre condiciones “inhumanas” dentro de los centros de detención migratoria de Estados Unidos, incluyendo hacinamiento, falta de atención médica, temperaturas extremas y violencia verbal y física.
Adultos mayores y enfermos, también abandonados
Una vez en México, añade el informe, la situación empeora. La mayoría de los deportados es enviada a Tapachula, Chiapas, o Villahermosa, Tabasco, ciudades donde la organización documentó altos niveles de violencia, presencia del crimen organizado y condiciones precarias para personas migrantes.
“Estamos abandonados aquí. Nos dejaron aquí como a perros”, declaró Camilo, un cubano deportado a Tapachula, tras vivir 21 años en Estados Unidos. El informe documenta además casos de adultos mayores y personas enfermas que fueron abandonadas en ciudades desconocidas del sur mexicano sin medicamentos, dinero o refugio.
De las 41 personas cubanas entrevistadas, 17 tenían 60 años o más; una tenía 83 años. Al menos 22 padecían enfermedades crónicas y no podían acceder a tratamientos médicos o medicinas debido a los costos y a la falta de documentos.
“Si tienes 60 o 70 años, ¿por qué te enviarían aquí?”, cuestionó Mario, un cubano de 60 años entrevistado por Human Rights Watch. “Nos están enviand
La organización también acusa que el sistema mexicano de refugio es insuficiente para atender a las personas deportadas. Aunque las autoridades migratorias les recomiendan iniciar trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), los entrevistados describieron obstáculos para acceder al sistema: falta de citas, retrasos prolongados, requisitos difíciles de cumplir y limitaciones para moverse fuera del estado donde presentan su solicitud.
El debilitamiento institucional de la Comar, sin embargo, no comenzó con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Desde años atrás, Animal Político documentó los recortes presupuestales y operativos que enfrentaba la comisión mexicana pese al aumento histórico de solicitudes de refugio.
En 2023, por ejemplo, la Comar advertía que rompería el récord de 150 mil solicitudes de asilo, aunque contaba con un presupuesto hasta 40 veces menor al del Instituto Nacional de Migración (INM), encargado principalmente de detener y deportar migrantes. Entonces, el titular de la comisión en aquel año, Andrés Ramírez, reconocía en entrevista con este medio que los recursos “definitivamente” eran insuficientes frente a una crisis migratoria “nunca antes vista”.
Ahora, Human Rights Watch advierte que la situación se agravó todavía más, tras los recortes impulsados por Trump al financiamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, uno de los principales sostenes operativos y presupuestales de la Comar. Mientras Estados Unidos aportó 50 millones de dólares al ACNUR México en 2024, en 2025 la cifra cayó a apenas 8 millones.
El informe concluye que, al continuar aceptando deportaciones masivas sin garantizar acceso efectivo a protección internacional o residencia legal, México está dejando a miles de personas atrapadas en un limbo migratorio indefinido.
“Cualquier deportación de nacionales de terceros países desde Estados Unidos hacia México debería realizarse en virtud de acuerdos formales y transparentes”, advirtió la organización.
Fuente: Grupo Animal
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