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miércoles, febrero 18, 2026

Suman 255 denuncias contra servidores públicos en Benito Juárez en lo que va de 2026

CANCÚN, Quintana Roo, 18 de febrero de 2026.- En lo que va de 2026, el Ayuntamiento de Benito Juárez ha recibido alrededor de 255 denuncias ciudadanas contra servidores públicos, relacionadas principalmente con presuntas irregularidades en la atención, retrasos en trámites y posibles faltas administrativas, informó el contralor municipal, Hilario Gutiérrez Valasis.

El funcionario detalló que actualmente se reciben entre cinco y siete reportes diarios como parte del programa “Cero Corrupción”, y que los expedientes se encuentran en distintas etapas de revisión y análisis.

Indicó que durante 2024 fueron sancionados 25 servidores públicos, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 44 sanciones efectivas, reflejando —dijo— un mayor seguimiento a los procedimientos internos.

“Para 2024 se tuvieron a 25 servidores públicos sancionados y en 2025 fueron 44. Evidentemente los procesos se atienden conforme van llegando y refiero mucho a la intercomunicación que tiene que ver con las instancias, porque allí es donde a veces se detienen los casos”, señaló.

Gutiérrez Valasis explicó que las medidas aplicadas incluyen suspensiones temporales que pueden ir desde algunos días hasta varios meses. En casos de faltas no graves, las sanciones pueden alcanzar hasta un año; cuando se trata de faltas graves, los expedientes se turnan al Tribunal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Precisó que las dependencias con mayor número de señalamientos son aquellas con contacto directo con la ciudadanía, como Seguridad Ciudadana, Registro Civil, áreas de Fiscalización, Juzgados Cívicos y Siresol.

El contralor enfatizó que el órgano interno de control mantiene abiertos los canales de denuncia, incluso de manera anónima, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la administración municipal.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier presunta irregularidad, al considerar que la participación social es fundamental para combatir actos de corrupción y mejorar el servicio público.

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