Han transcurrido poco más de dos meses desde el último reporte oficial del Grupo Interinstitucional (GI) encargado de atender el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México —emitido el 16 de abril— y cuatro meses desde el inicio del siniestro. Aunque el gobierno federal sostuvo públicamente que el vertimiento ocurrió en marzo, organizaciones ambientales y climáticas revelaron, mediante imágenes satelitales, que este comenzó entre el 7 y el 14 de febrero de 2026.
De acuerdo con la investigación, el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos, permaneció sobre el ducto “OLD AK C” de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante esas fechas de febrero, coincidiendo con el registro satelital de una mancha de petróleo en la zona. Eso suscribieron la Alianza Mexicana contra el Fracking, CartoCrítica A.C., el Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Conexiones Climáticas, Greenpeace México y Nuestro Futuro A.C., entre otras firmas.
Tras el último informe del Grupo Interinstitucional (GI), la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó una investigación exhaustiva. En paralelo, Pemex reconoció la responsabilidad por la fuga de combustible en sus instalaciones, un hecho que las áreas operativas habían negado desde marzo, cuando el chapopote comenzó a llegar a las costas de Tabasco y Veracruz.
A pesar de estos compromisos, el gobierno federal no ha presentado avances sobre la creación del Observatorio Permanente del Golfo de México, ni respecto a la denuncia penal interpuesta por el exdirector general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Dicha denuncia, fundamentada en el análisis de bitácoras y el cruce de información interna de la empresa, cuenta con el acompañamiento de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para el deslinde de responsabilidades.
Como parte de las sanciones por el derrame, Pemex separó de sus funciones el pasado 16 de abril a tres servidores públicos: el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; el coordinador de Control Marino, y el líder de Derrames y Residuos.
Aunque el GI se comprometió a mantener la vigilancia y el monitoreo permanente en las zonas afectadas, organizaciones como Greenpeace México y la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México han documentado en redes sociales que las labores ciudadanas de limpieza de playas continúan ante el arribo constante de hidrocarburos.
Comunidades pesqueras, las más afectadas y sin apoyos
La organización Oceana, dedicada a la conservación marina, instó a las autoridades competentes a realizar una investigación precisa y transparente sobre el impacto socioeconómico en el sector pesquero. A través de un comunicado, la organización señaló que, si bien el gobierno federal declaró controlado el derrame, las comunidades de Tabasco y Veracruz enfrentan la paralización de su actividad, la pérdida de ingresos y, en múltiples casos, la exclusión de los apoyos estatales y federales.
A cuatro meses del incidente, Oceana denunció en mayo que las compensaciones no han cubierto a la totalidad de los afectados. Un ejemplo es la comunidad de Las Barrancas, en Veracruz, que no ha sido incluida en los programas de reparación de daños debido a la falta de coordinación entre las instituciones del Estado.
Urge certidumbre científica sobre el producto marino
Nancy Gocher Padilla, directora de Política Pública e Incidencia en Oceana, señaló en entrevista para Animal Político que la aceptación de responsabilidad por parte de Pemex debe acompañarse de un diagnóstico profundo sobre la dimensión del daño y mecanismos que garanticen la no repetición. Subrayó que, hasta el momento, los pescadores carecen de información oficial sobre el estado de los recursos marítimos.
“Lo que conocemos es lo que ellos [pescadores y pescadoras] nos dicen: que no han podido salir a pescar y, cuando lo hacen, la gente tiene miedo de comprar el producto por temor a que esté contaminado. No existen investigaciones oficiales que determinen si el producto está contaminado o si la pesca debe suspenderse”, explicó Gocher Padilla.
La especialista enfatizó que el Estado debe asumir la responsabilidad de realizar estos análisis para delimitar con claridad las zonas seguras para la actividad. El impacto fue especialmente severo al coincidir con el periodo vacacional de la Cuaresma y la Semana Santa de 2026, una de las temporadas de mayor relevancia económica para la región, lo que afectó directamente el ingreso familiar, la alimentación, la educación y la capacidad para afrontar emergencias de salud.
IMIPAS analiza ostiones; Cofepris mantiene silencio
Animal Político consultó el 13 de mayo a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) sobre la existencia de estudios vigentes respecto a la calidad del producto marino tras el derrame de marzo. La dependencia aclaró que dicha atribución corresponde al Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Fuentes cercanas al IMIPAS confirmaron que actualmente realizan análisis específicos en ostiones, aunque los resultados se mantienen bajo reserva por encontrarse la investigación en curso. Por su parte, el área de comunicación social de Cofepris no emitió respuesta a la solicitud de información sobre el estado de las especies comerciales en el Golfo.
Ante este escenario, Oceana insistió en la necesidad de incorporar a las comunidades costeras y a la sociedad civil en el recién creado Observatorio Permanente del Golfo de México. “Es positivo que la ciencia y la academia sean la base del observatorio, pero la inclusión comunitaria es indispensable para garantizar la transparencia del proceso y diseñar estrategias efectivas de resarcimiento ambiental”, apuntó Gocher.
El historial de derrames en el Golfo de México
Oceana advirtió que este incidente no es un hecho aislado, sino parte de un patrón histórico derivado de la actividad extractiva en el Golfo de México. La organización exige que los litorales de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo dejen de operar bajo una lógica de “zonas de sacrificio” ambiental.
El registro histórico de siniestros graves documentado por la organización incluye:
1979: El pozo Ixtoc-I vertió aproximadamente 560 millones de litros de crudo durante 280 días, impactando los ecosistemas pesqueros desde Campeche hasta las costas de Texas.
2010: La plataforma Deepwater Horizon liberó cerca de 4.9 millones de barriles de petróleo en 87 días, provocando mortandad en fauna marina, afectaciones a 22 poblaciones de cetáceos y contaminación de zonas de anidación de tortugas marinas.
Mayo de 2025: Tabasco registró derrames por segundo año consecutivo frente a las costas del municipio de Paraíso.
Octubre de 2025: La Secretaría de Marina activó el Plan Nacional de Contingencias Nivel III debido a un derrame en la zona del Río Pantepec-Tuxpan.
Marzo de 2026: Pemex reconoció su responsabilidad en el actual derrame en el Golfo de México, cuyas afectaciones alcanzan los litorales de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
Fuente: Grupo Animal
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